En sus diferentes niveles de gobiernos, el Estado boliviano tiene la obligaci\u00f3n de prevenir, investigar y sancionar los actos de violencia en raz\u00f3n de g\u00e9nero, as\u00ed como de ofrecer la reparaci\u00f3n y socorro a las v\u00edctimas, cuya finalidad es preservar su integridad; por consiguiente, cualquier omisi\u00f3n en el cumplimiento de dichas obligaciones por parte de las autoridades estatales, genera responsabilidad internacional.
\nPara el efecto, el Estado boliviano, suscribi\u00f3 varios tratados internacionales sobre derecho humanos, entre ellos la Convenci\u00f3n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de 9 de junio de 1994 (Convenci\u00f3n Belem do Par\u00e1), ratificada mediante Ley 1.599 de 18 de agosto de 1994, que se constituye en el primer Tratado Interamericano que reconoce la violencia hacia las mujeres como una violaci\u00f3n de derechos humanos.
\nPor su parte, entre los est\u00e1ndares del Sistema Universal de Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos, vinculados con la violencia de g\u00e9nero, est\u00e1 la Recomendaci\u00f3n 19 pronunciada por el Comit\u00e9 para la Eliminaci\u00f3n de la Discriminaci\u00f3n contra la Mujer (Comit\u00e9 de la CEDAW), que es una de las m\u00e1s relevantes en temas de violencia; afirm\u00e1ndose en ella, que la violencia contra la mujer es una forma de discriminaci\u00f3n que impide gravemente que \u00e9sta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. La indicada Recomendaci\u00f3n, tambi\u00e9n expresa que la violencia contra la mujer conlleva responsabilidad estatal, no solamente, por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para protegerlas de este tipo de violencia; y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesi\u00f3n de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las v\u00edctimas.
\nEn la misma Recomendaci\u00f3n, el Comit\u00e9 de la CEDAW se\u00f1ala que los Estados Partes, entre otras medidas, deben velar porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violaci\u00f3n, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer, protejan de manera adecuada a todas las mujeres, respetando su integridad y su dignidad; proporcionando protecci\u00f3n y apoyo a las v\u00edctimas; capacitando a los funcionarios judiciales, a los agentes del orden p\u00fablico y a otros funcionarios p\u00fablicos para que apliquen la referida Convenci\u00f3n. En dicha Recomendaci\u00f3n, se hace referencia a la justiciabilidad, estableciendo que se requiere el acceso irrestricto de la mujer a la justicia, y para ello, recomienda que se debe mejorar la sensibilidad del sistema de justicia ante las cuestiones de g\u00e9nero, empoderando a las mujeres para lograr la igualdad de jure y de facto; asegurando que los profesionales de los sistemas de justicia, tramiten los casos, teniendo en cuenta las cuestiones de g\u00e9nero.
\nCon base en estas y otras recomendaciones, se promulg\u00f3 la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley 348 de 9 de marzo de 2013, cuyo objeto es establecer mecanismos, medidas y pol\u00edticas integrales de prevenci\u00f3n, atenci\u00f3n, protecci\u00f3n y reparaci\u00f3n a las mujeres en situaci\u00f3n de violencia; en ella se indica, que su aplicaci\u00f3n es preferente respecto a cualquier otra norma, debiendo ser utilizada de forma inmediata para salvaguardar la vida, la integridad f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual de las mujeres en situaci\u00f3n de violencia.
\nComo se puede advertir, el com\u00fan denominador en esta regulaci\u00f3n es la atenci\u00f3n inmediata que requiere cualquier caso en el que est\u00e9 involucrado un hecho de violencia en raz\u00f3n de g\u00e9nero, imponi\u00e9ndole el deber de adecuar sus actuaciones a la atenci\u00f3n inmediata. En este entendido, el Art. 11 de la Ley Org\u00e1nica del Ministerio P\u00fablico (Ley 260 de 11 de julio de 2012), dispone que, en los delitos cometidos contra mujeres, el Ministerio P\u00fablico debe brindar una protecci\u00f3n inmediata.<\/p>\n
El autor es Abogado y Docente Universitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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