No es novedoso, y por ello tampoco necesario, hablar del desastroso sistema de justicia que impera en el pa\u00eds. Lo hicieron hasta el cansancio los que tienen que ver con el \u00e1mbito de su administraci\u00f3n y los que saben de derecho. Pero quienes verdaderamente sufren las consecuencias de esa especie de maldici\u00f3n constitucional son los que, con motivos o sin ellos, cayeron en las garras de ese monstruo que devora la moral, la \u00e9tica, la conciencia y la equidad.
\nAlgunos analistas hablaron tambi\u00e9n de la nefanda forma de ejercer la que deb\u00eda ser la m\u00e1s noble funci\u00f3n humana: dar a cada cual lo que le corresponde (porque eso es la justicia); pero lo que la hace execrable es el ins\u00f3lito mecanismo de elegir a su cabeza. M\u00e1s que ins\u00f3lito, es inicuo, en tanto cualquier ciudadano, no importa que haya delinquido o que se le acuse injustamente de haberlo hecho, est\u00e1 en manos de un sistema servil a los poderosos o que es sirviente del dinero.
\nNuestra justicia, a lo largo de la historia colonial y republicana, no ha podido sobreponerse a esa especie de inclinaci\u00f3n connatural a la abyecci\u00f3n. \u00c9pocas m\u00e1s, temporadas menos, pero presumir de un sistema judicial recto siempre fue una quimera. Porque la permanente entelequia de la justicia ha sido refrendada por un sistema constitucional de elecci\u00f3n de magistrados del m\u00e1ximo nivel de la judicatura inaudito. Designar a los m\u00e1ximos agentes de la jurisdicci\u00f3n mediante voto universal es, sencillamente, el corolario de un objetivo \u2014logrado\u2014 de monopolizar solo para el correligionario del juez o para el millonario justiciable la posibilidad de obtener una tutela judicial.
\nActualmente existen buenos jueces. Algunos son excelentes. Pero \u00e9stos son un m\u00ednimo porcentaje, especialmente cuando hablamos de la justicia penal, debido a que la magistratura es un ap\u00e9ndice de los asamble\u00edstas nacionales del oficialismo o de los ministros del Ejecutivo, cuya influencia alcanza, por supuesto, a los jueces de menor jerarqu\u00eda en las cortes departamentales de justicia.
\nTodo lo anterior es desolador. Pero la propuesta del expresidente S\u00e1nchez de Lozada, independientemente de su pasado pol\u00edtico y de todo cuestionamiento a su l\u00f3brego gobierno de 2003, de una nueva CPE en lo referente al Poder Judicial es simplemente impresentable. El cap\u00edtulo II del T\u00edtulo Quinto prev\u00e9 que el presidente de la Corte Suprema de Justicia ser\u00e1 nombrado por el presidente de la rep\u00fablica, lo que de principio desahucia cualquier posibilidad de contar con una justicia proba. El m\u00e1ximo juez del pa\u00eds y su inclinaci\u00f3n inevitable a retribuir la gentileza de su nombramiento nos pondr\u00edan ante el adi\u00f3s definitivo de un proceso justo, sobre todo cuando a la jurisdicci\u00f3n deban estar sometidos los contestatarios al gobierno, o los supremos sean adversarios pol\u00edticos del Ejecutivo, considerando la propuesta duraci\u00f3n de al menos treinta a\u00f1os.
\nLa propuesta de que los catorce ministros deben ser nombrados por el presidente del m\u00e1ximo tribunal con la aprobaci\u00f3n del presidente de la rep\u00fablica tiene que obedecer a alg\u00fan error de sus asesores o a alguna copia \u2014que por lo dem\u00e1s el proponente la admite\u2014 de alg\u00fan pa\u00eds altamente civilizado, porque solo pensar en ese sistema de nombramientos pondr\u00eda a Bolivia en un hoyo que sumir\u00eda a la justicia boliviana en nivel inferior al de Venezuela.
\nAs\u00ed, pues, hay una diferencia abismal entre reconocer la igualdad formal de todos ante la ley estableciendo la aplicaci\u00f3n uniforme de las normas que, de acuerdo con una ficci\u00f3n del derecho, se reputa conocida por todos, y establecer la obligaci\u00f3n del Estado de proveer la asistencia jur\u00eddica con el objeto de asegurar que todos los habitantes conozcan sus derechos y puedan accionar los mecanismos l\u00edcitos para asegurar su debido ejercicio.
\nEn ese sentido, plantear el acceso a la justicia como garant\u00eda indispensable para el ejercicio libre de los derechos reconocidos por tratados internacionales, Constituci\u00f3n y leyes, y para el ejercicio mismo de la ciudadan\u00eda, requiere erigir bases s\u00f3lidas \u2014y con m\u00e1s urgencia en una sociedad tan heterog\u00e9nea como la nuestra\u2014 como para sugerir un sistema de nombramiento de magistrados al m\u00e1ximo tribunal de manera tan so\u00f1adora, como Goni hizo. Ante la hip\u00f3tesis de su aplicaci\u00f3n, estar\u00edamos ante un consorcio constitucionalizado de poderes del Estado.
\nEst\u00e1 claro que Bolivia necesita una reforma constitucional en materia de justicia, porque el Estado tiene obligaciones: la de abstenerse de realizar acciones que dificulten \u2014como ocurre hoy\u2014 el acceso a una aut\u00e9ntica justicia y la de tomar acciones que garanticen el efectivo acceso a la justicia de todos por igual.<\/p>\n
Augusto Vera Riveros es jurista y escritor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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