La producci\u00f3n agr\u00edcola requiere grandes extensiones de tierra, una de las caracter\u00edsticas del desarrollo cruce\u00f1o fue la producci\u00f3n en amplias zonas, pero el saneamiento que lleva el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) no va en esa direcci\u00f3n y prioriza la propiedad a favor de poblaciones ind\u00edgenas, que no necesariamente deben cumplir la funci\u00f3n social.
\nLos datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria revelan que m\u00e1s del 80% del territorio nacional puede llegar a ser propiedad de comunidades y peque\u00f1os productores. Dicho dato emerge de la sumatoria de lo hasta ahora saneado a favor de estas categor\u00edas de tierra agraria; pues, a diciembre de 2022, las comunidades campesinas ya ten\u00edan tituladas al menos 28 millones de hect\u00e1reas y las poblaciones Ind\u00edgena Originario Campesinas 27 millones.
\nA ellas se suma el Estado que posee en Tierras Fiscales 26,8 millones de hect\u00e1reas que, por mandato de la Ley 3545, deben destinarse de forma exclusiva a pueblos y comunidades Ind\u00edgena Originario Campesinas (TIOC). Y as\u00ed, lo m\u00e1s probable es que se llegue a cubrir un 81,8% de la superficie del pa\u00eds.
\nEsto significa que esa porci\u00f3n de territorio nacional deja de tener un control estatal, puesto que al titularse de forma colectiva, las tierras adquieren la condici\u00f3n de irreversibles e indivisibles. Por lo tanto, no pueden ser recuperadas, aunque no cumplan funci\u00f3n social alguna. En contrapartida, s\u00f3lo el 16% (alrededor de 14,9 millones de hect\u00e1reas) est\u00e1n tituladas en favor de medianos productores y empresas agropecuarias, que s\u00ed est\u00e1n obligadas a producir en toda su extensi\u00f3n.
\nEntregas gratuitas
\nAdem\u00e1s, haciendo una revisi\u00f3n de las entregas gratuitas de tierra realizadas en el oriente del pa\u00eds, se observa que en Santa Cruz 1.468.597 hect\u00e1reas fueron dotadas a 930 comunidades, en Pando 340.675 a 113 poblaciones y en Beni 315.527 a favor de 19 comunidades.
\n\u00abEn el caso de Santa Cruz, las hect\u00e1reas dotadas no se visualizan en el circuito productivo agr\u00edcola o ganadero, y no se nota el aporte al trabajo que hacen los peque\u00f1os, medianos y grandes productores, quienes producen granos, carnes, l\u00e1cteos y otros que benefician al desarrollo econ\u00f3mico y social del pa\u00eds\u00bb, asever\u00f3 el abogado experto en derecho agrario Fernando Asturizaga, durante su intervenci\u00f3n en el conversatorio \u00abLos desaf\u00edos para la seguridad jur\u00eddica sobre la tenencia de la tierra\u00bb, realizado por Anapo a finales de mayo.
\n\u00abLa dotaci\u00f3n colectiva es una medida que no coincide con el modelo productivo cruce\u00f1o, que se basa en la propiedad individual de la tierra\u00bb, enfatiz\u00f3 el jurista. De acuerdo con su investigaci\u00f3n, las hect\u00e1reas a favor de comunidades son usadas para el desmonte, el alquiler informal de tierras y la explotaci\u00f3n maderera, pero no existe certeza de qu\u00e9 sucede al interior de ellas, ni c\u00f3mo se eligi\u00f3 a sus beneficiarios.
\nAsturizaga indic\u00f3 que \u00abel pa\u00eds no valora el aparato productivo cruce\u00f1o\u00bb, sujeto a avasallamientos, restricci\u00f3n de exportaciones y a un proceso infinito de reforma agraria que busca su reducci\u00f3n gradual. \u00abSe llega al extremo de que el Tribunal Constitucional califique al derecho propietario sobre la tierra de medianos productores y empresas como meras expectativas\u00bb, asever\u00f3.
\nEntre 2010 a 2019, el INRA revis\u00f3 209 dotaciones, de \u00e9stas solo 17 cumplen el rol social, es decir, las tierras han sido destinadas a la residencia o a una producci\u00f3n de subsistencia de los miembros de las comunidades y pueblos ind\u00edgenas. De estas dotaciones, seg\u00fan el propio INRA, 51 comunidades cumplen parcialmente el objetivo, 61 no cumplen y 80 no han completado su revisi\u00f3n.
\nCabe se\u00f1alar que, durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, no se ha verificado la funci\u00f3n social de comunidades con autorizaci\u00f3n de asentamiento, pero s\u00ed iniciaron procesos de reversi\u00f3n de propiedades tituladas a medianos y grandes productores. Por ello, Asturizaga considera que no existe seguridad jur\u00eddica plena para los productores, quienes -a pesar de contar con un t\u00edtulo de propiedad- son vulnerables a sufrir atropellos y revisiones eternas de sus predios, lo cual frena las inversiones en el campo.
\n\u00abSi no se concluye el proceso de reforma agraria y se otorga un valor definitivo al t\u00edtulo de propiedad, la incertidumbre sobre el productor continuar\u00e1 frenando las inversiones, el acceso a la tecnolog\u00eda y el incremento de la productividad\u00bb, manifest\u00f3 el especialista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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