El reciente caso \u2014hecho p\u00fablico\u2014 de la supuesta agresi\u00f3n f\u00edsica en contra de dos estudiantes de una unidad educativa de la ciudad de La Paz, es la punta del iceberg de los muchos que se presentan a diario en los establecimientos educativos fiscales, privados y de convenio del Subsistema de Educaci\u00f3n Regular.
\nEn tal extremo, el art\u00edculo 19 del Reglamento de Administraci\u00f3n y Funcionamiento para Unidades Educativas (RAFUE) de los niveles inicial, primario y secundario, vigente desde la gesti\u00f3n 2001, dispone taxativamente que, el estudiante tiene el deber de respetar a sus condisc\u00edpulos (compa\u00f1eros), profesores (maestros) y dem\u00e1s personal de la unidad educativa. Por otra parte, cumplir los reglamentos (internos) y otras disposiciones.
\nAsimismo, el art\u00edculo 21 del RAFUE dispone que, en los casos de robo, hurto, agresi\u00f3n f\u00edsica, sexual, oferta, venta y\/o consumo de bebidas alcoh\u00f3licas u otras sustancias controladas y portaci\u00f3n de armas, el estudiante ser\u00e1 expulsado definitivamente de la unidad educativa dando parte al Ministerio P\u00fablico.
\nEn ese orden, la expulsi\u00f3n ser\u00e1 determinada por el director de la unidad educativa, el consejo de profesores y la junta escolar e informada por escrito a la instancia inmediata superior; vale decir, la Direcci\u00f3n Distrital, constituy\u00e9ndose a vez, la instancia de apelaci\u00f3n.
\nAl respecto, el art\u00edculo 98, par\u00e1grafo II, de la Resoluci\u00f3n Ministerial N\u00ba 001\/2023 \u201cNormas Generales para la Gesti\u00f3n Educativa\u201d dispone que, cuando existan pruebas suficientes de culpabilidad en los casos de robo, hurto, agresi\u00f3n f\u00edsica [\u2026] y de acoso escolar que se constituyan en delitos penales, ser\u00e1n expulsados, previo proceso disciplinario y remitidos ante autoridad competente.
\nPor otra parte, el art\u00edculo 117, inciso c) de la Ley N\u00ba 548 \u201cC\u00f3digo Ni\u00f1a, Ni\u00f1o y Adolescente\u201d resalta que, antes de la imposici\u00f3n de cualquier amonestaci\u00f3n y\/o sanci\u00f3n, debe garantizarse a todos los estudiantes, el ejercicio de los derechos a opinar y a la defensa, garantizando as\u00ed tambi\u00e9n su derecho a la impugnaci\u00f3n ante la autoridad superior e imparcial.
\nAhora bien, ante la controversia generada por los familiares y la defensa t\u00e9cnica de las supuestas v\u00edctimas en relaci\u00f3n con el grado de responsabilidad del director y el personal docente, el art\u00edculo 25 del RAFUE establece taxativamente que, los maestros deben velar por la seguridad de los estudiantes desde el ingreso hasta la salida (de la unidad educativa), incluyendo las horas de recreo.
\nAs\u00ed tambi\u00e9n, el protocolo de prevenci\u00f3n, actuaci\u00f3n y denuncia en casos de violencia f\u00edsica, psicol\u00f3gica y sexual en unidades educativas y centros de educaci\u00f3n especial, aprobado mediante Resoluci\u00f3n Ministerial N\u00ba 0864\/2019, establece puntualmente que, todos los actores educativos (plantel docente y administrativo, estudiantes, madres y padres de familia) pueden detectar y denunciar ante las instancias correspondientes.
\nConsecuentemente, es imperante que, el Ministerio de Educaci\u00f3n promueva el cumplimiento de la actuaci\u00f3n inmediata en casos de violencia f\u00edsica y psicol\u00f3gica cometida contra estudiantes en las unidades educativas, bajo los principios de la cultura de paz, inter\u00e9s superior de la ni\u00f1a, ni\u00f1o y adolescente, equidad, respeto, oportunidad, celeridad y corresponsabilidad.<\/p>\n
El autor es Magister en Pol\u00edticas de Formaci\u00f3n Docente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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