La Asamblea Legislativa de El Salvador, de amplia mayor\u00eda oficialista, prolong\u00f3 por d\u00e9cima tercera ocasi\u00f3n el estado de excepci\u00f3n por 30 d\u00edas m\u00e1s. La CIDH insisti\u00f3 en que se restablezcan los derechos y garant\u00edas constitucionales.
\nLa medida, que ya cumpli\u00f3 un a\u00f1o de implementaci\u00f3n y fue denominada por el gobierno de Nayib Bukele como una guerra contra las pandillas, fue aprobada con los votos de 66 miembros del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) y formaciones aliadas.
\n\u201cEl r\u00e9gimen de excepci\u00f3n es legal y Constitucional\u201d, se\u00f1al\u00f3 el diputado Guillermo Gallegos, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), durante la sesi\u00f3n plenaria en la que fue avalada la medida.
\nPor su parte, la diputada Claudia Ortiz, del opositor partido Vamos, se\u00f1al\u00f3 que durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n se captur\u00f3 a personas inocentes, para quienes pidi\u00f3 su liberaci\u00f3n.
\nBukele, a trav\u00e9s del Gabinete de Seguridad, solicit\u00f3 la ampliaci\u00f3n del r\u00e9gimen, que suspende varios derechos constitucionales y que se aprob\u00f3 originalmente a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas y que se cobr\u00f3 la vida de m\u00e1s de 80 personas en tres d\u00edas.
\nEl titular del Ministerio de Seguridad, Gustavo Villatoro, asegur\u00f3 que tras la presentaci\u00f3n de la solicitud de la ampliaci\u00f3n ante el Congreso, el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n es la ruta a seguir para transformar este pa\u00eds.
\nSe\u00f1al\u00f3 que actualmente en el pa\u00eds centroamericano se registra un promedio de 0,6 homicidios cada d\u00eda y que el 65 % de los 496 asesinatos registrados en el 2022 fueron perpetrados en los primeros 3 meses del a\u00f1o, antes de la implementaci\u00f3n de la medida.
\nDe acuerdo con las cifras oficiales, son m\u00e1s de 67.000 personas detenidas, a las que el Gobierno acusa de ser pandilleros.
\nLas autoridades atribuyen al r\u00e9gimen de excepci\u00f3n y al Plan Control Territorial la ca\u00edda de los homicidios, que seg\u00fan las cuentas oficiales fueron 496 en 2022, un 57 % menos que en 2021.
\nEl pa\u00eds centroamericano registr\u00f3 en 2015 el a\u00f1o m\u00e1s violento de su historia reciente y en 2016 comenz\u00f3 a disminuir la cifra de asesinatos, tendencia que se acentu\u00f3 en el Gobierno de Bukele.
\nEntretanto, la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le insisti\u00f3 al gobierno de Bukele que restablezca los derechos y garant\u00edas constitucionales que llevan un a\u00f1o suspendidos por la renovaci\u00f3n consecutiva de un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n que proh\u00edbe la asociaci\u00f3n de personas e impide a los detenidos conocer sus cargos y recibir la asistencia de un abogado.
\nLa Corte Interamericana advirti\u00f3 que la Convenci\u00f3n Americana (CADH) autoriza la suspensi\u00f3n de ciertos derechos y libertades de forma excepcional en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situaci\u00f3n.
\nAunque el art\u00edculo 27.1 de la CADH permite a los Estados recurrir a esa medida en caso de guerra, de peligro p\u00fablico o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, los gobernantes no gozan de poderes absolutos para establecer las medidas restrictivas.
\nLa CIDH record\u00f3 que El Salvador mantiene suspendido el derecho de las personas detenidas a ser informadas de manera inmediata y comprensible de sus derechos y de las razones de su detenci\u00f3n, as\u00ed como el derecho a no ser obligado a declarar y de contar con la asistencia de un abogado defensor en las diligencias de los organismos auxiliares de la administraci\u00f3n e justicia y en los procesos judiciales.
\nEl organismo cuestion\u00f3 que en El Salvador se haya ampliado de 72 horas a 15 d\u00edas el plazo m\u00e1ximo de detenci\u00f3n y que se permita a las autoridades intervenir la correspondencia. Advirti\u00f3 de las consecuencias de las intervenciones ilegales en las telecomunicaciones.
\nLa situaci\u00f3n en el pa\u00eds centroamericano fue cuestionada y criticada por organizaciones de derechos humanos que se\u00f1alan abusos.
\nM\u00e1s de 3.700 personas fueron liberadas debido a que nunca se pudo establecer un verdadero v\u00ednculo con estas estructuras criminales.
\nLa CIDH tambi\u00e9n expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n respecto a las m\u00faltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, as\u00ed como sobre violaciones a los derechos de las personas detenidas. Inst\u00f3 adem\u00e1s al
\nEstado a asegurar las garant\u00edas y la protecci\u00f3n judicial, as\u00ed como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal.
\nEntre las denuncias al r\u00e9gimen, est\u00e1 que al menos 100 personas detenidas durante el r\u00e9gimen de excepci\u00f3n murieron en custodia del Estado, presuntamente, de forma arbitraria, seg\u00fan los se\u00f1alamientos. (Infobae).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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