El hecho de que la mayor\u00eda de las juezas, jueces y fiscales en Bolivia opere desde posiciones temporales, aumenta la injerencia indebida de asuntos pol\u00edticos y de otras ramas del poder p\u00fablico en la conformaci\u00f3n de la judicatura, seg\u00fan un diagn\u00f3stico sobre la independencia del sistema judicial en Latinoam\u00e9rica, al que EL DIARIO tuvo acceso.
\nEn 2018, en una audiencia ante la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado boliviano manifest\u00f3 que de 118 vocales, 1.039 jueces ordinarios y 63 jueces agroambientales, s\u00f3lo 163 eran de carrera judicial.
\nEl relator especial de la CIDH se\u00f1al\u00f3 en su informe que, de 1.134 jueces, el 47% opera desde cargos transitorios; y estas altas tasas de puestos provisionales amenazan la independencia judicial.
\n\u201cLos jueces y vocales operan bajo la percepci\u00f3n de que sus nombramientos pueden ser cesados, y prueba de ello es el acuerdo 073 de 2017 en el que se destituyeron 89 jueces con base a la condici\u00f3n transitoria de sus cargos\u201d, se lee en el informe.
\nAl respecto, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) afirm\u00f3: \u201cEste car\u00e1cter transitorio de los cargos de jueces, juezas y fiscales los expone a transferencias, remociones y cese de funciones con base en criterios arbitrarios, y permite la posibilidad de interferencia pol\u00edtica. Adicionalmente, compromete la independencia de sus deliberaciones y decisiones y los expone a represalias relacionadas con el ejercicio de sus funciones. Adem\u00e1s de la transitoriedad de dichos cargos, se advierte una constante rotaci\u00f3n de operadores de justicia involucrados en procesos penales\u201d.
\n\u201cLa falta de permanencia de los operadores de justicia en sus cargos impide el avance oportuno y efectivo de las investigaciones, obstaculiza el acceso a la justicia de las v\u00edctimas, afecta el principio procesal de inmediaci\u00f3n del cual depende la eficacia de los procedimientos y denota la existencia de riesgos de redistribuci\u00f3n de casos sensibles por criterios no totalmente transparentes\u201d.<\/p>\n
AMABOL
\nLa presidenta de la Asociaci\u00f3n de Magistrados de Bolivia (Amabol), afirm\u00f3 que un juez que est\u00e1 siendo amenazado de manera constante con su destituci\u00f3n no puede trabajar de manera sosegada porque est\u00e1 preocupado de que se cumplan las amenazas y ello se agrava porque no est\u00e1n dentro de la Ley General del Trabajo, por lo que al momento de su desvinculaci\u00f3n salen con su \u00faltimo sueldo.
\nLuego de varias denuncias de organizaciones locales e internacionales, el 26 de agosto de 2022 el Consejo de la Magistratura public\u00f3 una convocatoria para \u201cregularizar\u201d las posiciones transitorias de m\u00e1s de 489 juezas y jueces y permitir su ingreso a la carrera judicial.
\nAlgunas organizaciones locales criticaron ese proceso por demostrar una influencia e intervenci\u00f3n indebida del poder ejecutivo, a trav\u00e9s del Ministerio de Justicia.
\nEse proceso establecido por el Consejo de la Magistratura no se encuentra previsto dentro de ninguno de los dos subsistemas de ingreso (m\u00e9ritos o egreso de la Escuela de Jueces), adem\u00e1s se estaban realizando exigencias de especialidad que no guardaban coherencia con la experiencia espec\u00edfica de esos operadores de justicia.
\nEl proceso se encuentra suspendido debido a las acciones constitucionales interpuestas para lograr su anulaci\u00f3n por falta de garant\u00edas.
\nLa primera instancia de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca concedi\u00f3 tutela y determin\u00f3 dejar sin efecto la convocatoria porque era contrario a disposiciones legales y constitucionales, y que el Consejo de la Magistratura deb\u00eda sentarse y generar espacios de di\u00e1logo con las asociaciones judiciales para revisar los t\u00e9rminos para una nueva convocatoria.
\n\u201cEl Consejo de la Magistratura se encuentra a la espera de la confirmaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n por la instancia de apelaci\u00f3n. Los accionantes indicaron que la convocatoria y reglamento vulneran los art\u00edculos 63, 150, 215 y 218 de la Ley 025 as\u00ed como la Ley 898 que obligan al Consejo de la Magistratura a evaluar peri\u00f3dicamente a todos los jueces en funciones. Tambi\u00e9n se\u00f1alaron que la convocatoria se encuentra por fuera de los mecanismos legales para el ingreso a la carrera judicial\u201d.<\/p>\n
EVALUACI\u00d3N
\nAdicionalmente, la sentencia 0704 del Tribunal Constitucional (TC) determin\u00f3 que cerca de 1.000 jueces deben ser evaluados dentro de un per\u00edodo de tres meses con el fin de definir el acceso a la carrera judicial.
\nEn el documento, refieren que el Consejo de la Magistratura debe buscar una forma de institucionalizar a los jueces que se encuentran en cargos transitorios hacia la carrera judicial que no atente contra las disposiciones constitucionales y legales y salvaguarde los derechos de los operadores de justicia.
\nAsimismo manifiestan que existe un proyecto de reforma constitucional para la designaci\u00f3n de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ha sido presentado al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a efectos de revisi\u00f3n. Para la designaci\u00f3n de autoridades judiciales de menor jerarqu\u00eda, no existen propuestas de reforma sobre los mecanismos de nombramiento, sino que se hace necesaria la efectiva implementaci\u00f3n de la carrera judicial.<\/p>\n
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