El procedimiento coactivo fiscal, es un mecanismo legal que tiene el Estado para la recuperaci\u00f3n de adeudos emergentes de la responsabilidad civil; este procedimiento entr\u00f3 en vigencia en septiembre del a\u00f1o 1977 y fue elevado a la categor\u00eda de Ley a trav\u00e9s de la Ley 1.178. En su momento, el procedimiento coactivo fiscal fue de car\u00e1cter administrativo, ya que la recuperaci\u00f3n de adeudos fiscales se tramitaba en instancias de las Contralor\u00edas Departamentales y ante la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica de entonces. En la actualidad estos procesos son tramitados en la justicia ordinaria, ante Jueces en Materia Administrativa, Coactivo Fiscal y Tributaria. El problema se presenta, en la aplicaci\u00f3n de este procedimiento administrativo en la instancia jurisdiccional, con el consiguiente perjuicio oara las partes, principalmente el Estado, que se constituye en acreedor de los adeudos emergentes de la responsabilidad civil.
\nEl Art. 28 de la Ley 1.178 de 20 de julio de 1990 (Ley SAFCO), sobre la responsabilidad por la funci\u00f3n p\u00fablica se\u00f1ala: \u201cTodo servidor p\u00fablico responder\u00e1 de los resultados emergentes del desempe\u00f1o de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo\u2026\u201d y la responsabilidad por la funci\u00f3n p\u00fablica se clasifica en administrativa, ejecutiva, civil y penal. El Art. 31 de esta norma puntualiza: \u201cLa responsabilidad es civil cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del servidor p\u00fablico o de las personas naturales o jur\u00eddicas privadas causen da\u00f1o al Estado valuable en dinero\u2026\u201d. Lo que quiere decir que el servidor p\u00fablico u otro que incurran en las causales se\u00f1aladas por el Art. 77 de la Ley del Sistema de Control Fiscal, entre ellas: defraudaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos, apropiaci\u00f3n y disposici\u00f3n arbitraria de bienes del fisco, p\u00e9rdida de activos y bienes por negligencia, incumplimiento de pr\u00e9stamos otorgados por bancos estatales, incumplimiento de contratos, percepci\u00f3n indebida de sueldos y salarios, falta de rendici\u00f3n de cuentas y otras, son sujetos de responsabilidad civil, por tanto se constituyen en deudores de sumas de dinero al Estado.
\nLa responsabilidad civil, se determina necesariamente a trav\u00e9s de informes de auditor\u00eda (preliminar y complementario) efectuadas ya sea por la unidad de auditoria de la entidad estatal, empresa de auditor\u00eda externa independiente o por la unidad de auditor\u00eda de la Contralor\u00eda General del Estado; en todos los casos debe estar aprobado por el Contralor General, autoridad que tambi\u00e9n debe emitir el dictamen de responsabilidad civil, cuyo documento ser\u00e1 base para la exigencia de la pretensi\u00f3n fiscal en el inicio del procedimiento coactivo fiscal. Por constituir prueba este documento debe contener una relaci\u00f3n de hechos, actos u omisiones que causaron da\u00f1o econ\u00f3mico al Estado, la fundamentaci\u00f3n legal, cuantificaci\u00f3n del da\u00f1o e identificaci\u00f3n del presunto o presuntos deudores, como se\u00f1alan los Arts. 51 y 52 del Reglamento de la Responsabilidad por la Funci\u00f3n P\u00fablica (DS No. 23.318-A).
\nEl procedimiento legal que utilizan las entidades estatales para la recuperaci\u00f3n de adeudos, emergentes de la responsabilidad civil en instancias judiciales, en la actualidad causa perjuicios al Estado, por cuanto se trata de un procedimiento elaborado en su momento para una instancia administrativa. A pesar de la recomendaci\u00f3n contenida en su momento por el Art. 51 de la SAFCO, que se\u00f1ala: \u201cEl Tribunal Coactivo Fiscal formar\u00e1 parte del Poder Judicial. Su organizaci\u00f3n y el Procedimiento Coactivo Fiscal ser\u00e1n determinados mediante ley expresa, cuyo proyecto debe ser presentado por el Poder Ejecutivo dentro de las treinta primeras sesiones de la pr\u00f3xima legislatura ordinaria\u201d. Esta inobservancia, al margen de causar perjuicios al Estado, se constituye en incumplimiento de deberes, y alg\u00fan sector del control social debi\u00f3 ocuparse de su exigencia.
\nEl perjuicio para el Estado va m\u00e1s all\u00e1, existen cientos y hasta miles de procesos que son tramitados en los Juzgados Administrativos en el pa\u00eds; pero estos procesos duermen el sue\u00f1o de los justos. Seg\u00fan los administradores de justicia, la raz\u00f3n es que no hay un procedimiento eficiente y eficaz; en la tramitaci\u00f3n de estos procesos y ante los vac\u00edos existentes se recurre a los acuerdos de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, que en muchos casos fueron observados por el Tribunal Constitucional Plurinacional.<\/p>\n
El autor es Magister en Derecho Administrativo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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