Para la doctrina del Derecho de la Seguridad Social, la jubilaci\u00f3n constituye un derecho adquirido de car\u00e1cter vitalicio para los funcionarios y empleados al servicio de los organismos o entes p\u00fablicos o privados y se otorgar\u00e1 cuando sean cumplidos los extremos previstos en la ley o en los convenios laborales. Este derecho es garantizado de manera general por la norma constitucional, donde fueron establecidos principios fundamentales tendientes a precautelar el bienestar de la persona, siendo obligaci\u00f3n del Estado proteger el capital humano, por medio del otorgamiento de prestaciones ante la generaci\u00f3n de contingencias.
\nEl Bolivia, el Art. 45.IV de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado se\u00f1ala: \u201cEl Estado garantiza el derecho a la jubilaci\u00f3n, con car\u00e1cter universal, solidario y equitativo.\u201d; este derecho, tiene regulaci\u00f3n normativa independiente, protegiendo a la persona humana de las contingencias propias de la vejez –como hecho natural– por su deterioro f\u00edsico y psicol\u00f3gico, convirti\u00e9ndose en la base para el goce y disfrute de otros derechos fundamentales.
\nEl derecho a la jubilaci\u00f3n, como parte del derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la OIT de 1952, expresando que la seguridad social comprende, entre otros aspectos, las prestaciones de vejez. Asimismo, el Art. 25.1 de la Declaraci\u00f3n Universal de los Derechos Humanos (DUDH), establece que: \u201cToda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, as\u00ed como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentaci\u00f3n, el vestido, la vivienda, la asistencia m\u00e9dica y los servicios sociales necesarios\u2026\u201d. Por su parte, el Art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales (PIDESC), se\u00f1ala: \u201cCada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopci\u00f3n de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por \u00e9l reconocidos\u201d. En el mismo sentido, el Art\u00edculo XVI de la Declaraci\u00f3n Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), se\u00f1ala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja, entre otros, contra las consecuencias de la vejez, que la imposibilite f\u00edsica o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.
\nCumpliendo con la normativa legal precitada; en el pa\u00eds, el beneficio de jubilaci\u00f3n que recibe un adulto mayor, es un derecho cuyo objeto es cubrir sus necesidades b\u00e1sicas, puesto que con este pago se sustenta a s\u00ed mismo y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia. La dificultad en la percepci\u00f3n de este derecho, radica en el hecho de que en el pa\u00eds, a\u00fan funcionan dos sistemas de jubilaci\u00f3n, el de reparto y el de ahorro individual; el primero a cargo del Estado sin ning\u00fan problema y el segundo a cargo del propio asegurado. Es el sistema actual donde se presenta la dificultad, por cuanto el beneficio de jubilaci\u00f3n no cumple con el objeto perseguido; a m\u00e1s de ello, no existe ninguna relaci\u00f3n entre el \u00faltimo salario percibido y el pago por concepto de jubilaci\u00f3n que recibe el mismo trabajador. Ello se debe a que el soporte de la jubilaci\u00f3n es sobre la base de los ahorros del trabajador, no existe el aporte del Estado y en muchos casos las rentas son irrisorias, no alcanzan en lo m\u00ednimo para cubrir sus necesidades b\u00e1sicas.
\nLa norma constitucional citada, as\u00ed como los convenios y la declaraci\u00f3n internacional expuestos; refieren que el derecho a la seguridad social es la potestad de toda persona para acceder a la cobertura de contingencias inmediatas y mediatas, generadas como emergencia de toda actividad laboral, que comprende la salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales, accidentes de trabajo, rentas de invalidez, de vejez y asignaciones familiares previstas por ley. Tales postulados no se cumplen por falta de apoyo econ\u00f3mico de parte del Estado y por mala pol\u00edtica en materia de seguridad, que obviamente tienden a generar problemas en el futuro.
\nConsiderando que el derecho a la seguridad social, tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, por tanto, el Estado debe desplegar su \u00e1mbito de protecci\u00f3n asumiendo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gesti\u00f3n, econom\u00eda, oportunidad, interculturalidad y eficacia.<\/p>\n
El autor es docente universitario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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