El apuro lo marca la intenci\u00f3n de procesar a la ex mandataria de transici\u00f3n. Proceso que tiene que estar sujeto, desde luego, a un procesamiento debido. Con el desarchivo de juicios de responsabilidades realizada por una Comisi\u00f3n Legislativa, \u00e9ste debe estar sujeto a un proceso de adecuaci\u00f3n normativo constitucional por la necesidad de sujetarse a garant\u00edas jurisdiccionales, a fin de evitar vulnerar derechos de los procesados.
\nEl Derecho Constitucional tiene base estructural normativa en: principios, garant\u00edas y ponderaci\u00f3n de derechos, por tanto, al vincular este tipo de juicios pol\u00edticos con el Derecho Penal debe sujetarse a esos preceptos. Si fueron activados con la anterior ley de Juicios de Responsabilidades y con la anterior Constituci\u00f3n debe considerarse su procesamiento con la vigencia de esas normas, si as\u00ed se define por las partes procesales (acusadores, procesados y juzgadores) que ser\u00e1n quienes en \u00faltima juzguen, al tratarse exclusivamente en delitos que no hayan prescrito; como los de corrupci\u00f3n, por ejemplo. Sin embargo de ello, el proceso de adecuaci\u00f3n v\u00eda el an\u00e1lisis puede prever de igual modo si existen condiciones objetivas de punibilidad para dichos juicios, decisi\u00f3n que de igual modo deber\u00e1 pasar el filtro de los 2\/3 de la ALP.
\nSin embargo de ello, a partir de las pretensiones procesales pol\u00edticas pueden existir opciones: procesamiento con normas vigentes en el momento de la comisi\u00f3n de los presuntos il\u00edcitos a investigarse incluidas las reglas de procesamiento anteriores a la vigencia de la actual Constituci\u00f3n, ya que actualmente existe otra Primac\u00eda de la CPE, estructurada en virtud a un nuevo Bloque de Constitucionalidad, donde inclusive se reconoce la supranacionalidad de la norma que es vinculante cuando es m\u00e1s favorable ante el reconocimiento progresivo de derechos (Arts:13, 256 y 410), por lo que no prosperar\u00eda ning\u00fan juicio anterior a la Constituci\u00f3n en actual vigencia sobre quienes ya no gozan de juicio de privilegio.
\nPueden de igual modo aplicar principios m\u00e1s favorables al procesado y decidir que el objeto procesal de ese entonces; hoy no sea materia justiciable, o disponerse asimismo el archivo de obrados por los delitos que ya prescribieron, si as\u00ed eval\u00faa la ALP sobre la temporalidad de la comisi\u00f3n de los presuntos il\u00edcitos respecto a las reglas procesales ordinarias para su juzgamiento.
\nInclusive puede derivarse en casos espec\u00edficos sobre quienes ya no gozan de fueros de privilegio (ex ministros, ex prefectos) su remisi\u00f3n a la justicia ordinaria, donde el Ministerio P\u00fablico, con alta probabilidad, ni siquiera admita los mismos por la prescripci\u00f3n.
\nPara delitos de corrupci\u00f3n vinculados a su comisi\u00f3n en ejercicio del cargo puede aplicarse la actual estructura y adecuar los il\u00edcitos penales tomando en cuenta la imprescriptibilidad sobre estos delitos (Art. 123 CPE) o los de lesa humanidad. En cualquier caso, los posteriores al 2009 sometidos a juicio de responsabilidades. Son probabilidades que se debe considerar en el entendido del proceso de adecuaci\u00f3n normativa, con un solo mandato: el respeto al debido proceso.<\/p>\n
El autor es Abogado y Periodista.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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