El derecho a la propiedad privada est\u00e1 consagrado en los Arts. 56 y 57 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (CPE); derecho referido al dominio particular que tienen las personas sobre sus bienes muebles e inmuebles, que no son sino las \u201ccosas\u201d que le pertenecen; de ah\u00ed viene lo de \u201creal\u201d, derivaci\u00f3n del lat\u00edn \u201crealis\u201d, \u201cres\u201d o \u201crei\u201d que significa precisamente \u201ccosa\u201d. Estamos hablando del patrimonio de las personas que tiene entre sus garant\u00edas la del registro, que lo hace p\u00fablico para que sea respetado por todos, o para que sea \u201coponible a terceros\u201d, como dice la ley.
\nEl Registro de Derechos Reales (DDRR), es pues una instituci\u00f3n de car\u00e1cter estatal administrativa destinada a garantizar el derecho a la propiedad y el patrimonio de las personas, en lo que hace a los bienes inmuebles, ya que hay otros registros p\u00fablicos destinados a bienes muebles (automotores, por ejemplo). De ah\u00ed su enorme importancia que va mucho m\u00e1s all\u00e1 de lo administrativo, ya que el patrimonio encarna el bienestar material de las personas, la seguridad jur\u00eddica sobre sus bienes, la estabilidad familiar y personal de los individuos y, en conjunto, la base material de la sociedad que garantiza su progreso y desarrollo.
\nPor lo mismo ese Registro del patrimonio inmueble no puede estar en manos de un gobierno; tiene que estar garantizado por el Estado. No puede ser una administraci\u00f3n gubernamental temporal, sino una gesti\u00f3n estatal de largo plazo la que garantice esa base de la sociedad que es, sin duda, el patrimonio.
\nY contra este principio b\u00e1sico podr\u00eda atentar ahora el gobierno, cuando uno de sus parlamentarios y el viceministro de \u201cdefensa del consumidor\u201d anunciaron la presentaci\u00f3n de un \u201crecurso de inconstitucionalidad\u201d, en contra de la normativa \u201cactual\u201d sobre DDRR, para que el Tribunal Constitucional \u201cexhorte\u201d a la Asamblea Legislativa la dictaci\u00f3n de una ley, ordenando mientras tanto al \u00d3rgano Ejecutivo la \u201cregulaci\u00f3n provisional del sistema de Derechos Reales\u201d.
\nEl argumento es conocido: no solo el anacronismo de una ley y un sistema, que datan de 1887, sino la ineficiencia, la burocracia y la corrupci\u00f3n que han hecho del Registro de DDRR un peligroso antro de extorsi\u00f3n, que casi en nada garantiza el derecho propietario inmueble de los ciudadanos. Pero el remedio ser\u00e1 peor que la enfermedad. Poner \u201cprovisionalmente\u201d en manos del gobierno el patrimonio de las personas puede ser nefasto, porque los gobernantes no solo ir\u00e1n en busca de los recursos p\u00fablicos que est\u00e1n escaseando, sino que meter\u00e1n sus narices en los bienes de la gente que, sabemos, es uno de los mecanismos al que siempre han apelado los tiranos para anular o someter a la sociedad.
\nLa situaci\u00f3n de DDRR es tr\u00e1gica, como la administraci\u00f3n de justicia, pero su agravamiento es responsabilidad de los gobiernos del MAS que, desde el 2009, han dejado en un limbo peligroso a la instituci\u00f3n a la que, adem\u00e1s, la han asaltado cooptando partidariamente su administraci\u00f3n. Veamos:
\n1. La CPE del 2009, elimin\u00f3 la atribuci\u00f3n del anterior Consejo de la Judicatura que era quien propon\u00eda ternas a las Cortes de Distrito para el nombramiento de los registradores de DDRR (Art. 123-2); y lo hizo por la v\u00eda de nada decir al respecto con motivo de las atribuciones del nuevo Consejo de la Magistratura (Art. 195).
\n2. El vac\u00edo-limbo no fue resuelto, sino mantenido y agravado por la Ley 025 del \u201c\u00d3rgano Judicial\u201d de 2010 que, en su disposici\u00f3n transitoria s\u00e9ptima, dispuso que DDRR continuar\u00e1 funcionando \u201csujeto a las normas anteriores a la presente ley\u201d, en tanto no se dicte una ley especial que lo regule.
\n3. Nunca la Asamblea Legislativa dict\u00f3 esa ley especial y, por tanto, DDRR, con base en la Constituci\u00f3n anterior, sigui\u00f3 dependiendo del Consejo de la Magistratura para las designaciones, y bajo la normativa de 1887 para su funcionamiento.
\n4. Como sabemos, el Consejo de la Magistratura, con motivo de las \u201celecciones\u201d judiciales de 2011 y 2017, ha sido cooptado partidariamente con los candidatos del MAS, y la partidizaci\u00f3n ha penetrado hondamente en DDRR que, aprovechando el limbo y la ausencia de la ley especial, ha agravado en extremo la corrupci\u00f3n, la burocracia y la ineficiencia.
\n5. Ahora, los que en 11 a\u00f1os no dictaron la ley especial, los que cooptaron al \u00d3rgano Judicial, nos salen con un \u201crecurso\u201d ante el TCP para que \u00e9ste exhorte la dictaci\u00f3n de esa ley, pero sobre todo para que autorice \u201cprovisionalmente\u201d la toma de DDRR por el \u00d3rgano Ejecutivo.
\nCon toda raz\u00f3n Silvia Padilla, Presidente saliente del Colegio de Abogados de Chuquisaca, ha dicho que \u00e9sta ser\u00e1 la estocada final al \u00d3rgano Judicial para dejarlo sin recursos, sin independencia y a merced del autoritarismo gubernamental.
\nUrge la reforma estructural de la justicia, para garantizar nuestros derechos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El derecho a la propiedad privada est\u00e1 consagrado en los Arts. 56 y 57 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (CPE); derecho referido al dominio particular que tienen las personas sobre sus bienes muebles e inmuebles, que no son sino las \u201ccosas\u201d que le pertenecen; de ah\u00ed viene lo de \u201creal\u201d, derivaci\u00f3n del lat\u00edn \u201crealis\u201d, \u201cres\u201d o […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":43067,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[9],"tags":[],"class_list":["post-110611","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-opinion"],"acf":{"antetitulo":""},"yoast_head":"\n