Para 2023, el Tribunal Supremo Electoral convocar\u00e1 al electorado por tercera vez consecutiva, a la denominada elecci\u00f3n de m\u00e1ximas autoridades del \u00d3rgano Judicial y del Tribunal Constitucional. Los \u00faltimos comicios judiciales de 2017, se celebraron el 3 de diciembre de ese a\u00f1o, con una participaci\u00f3n del 84,2 % del padr\u00f3n electoral. El resultado, en lo que se refiere a legitimidad, fue m\u00e1s cr\u00edtico que el de seis a\u00f1os atr\u00e1s (2011), pues la suma de votos en blanco (14,93 %) y nulos (50,9 %) estuvo cerca de los dos tercios de los votos emitidos. En s\u00edntesis, entre las dos elecciones, los votos por uno o m\u00e1s candidatos tuvieron una debacle de 40,72 % a 34,12 %.
\nLa falta de legitimidad y el proceso de selecci\u00f3n de los candidatos, fueron y, con seguridad, ser\u00e1n el \u201ctal\u00f3n de Aquiles\u201d del proceso (2023) si no se vislumbra cambios ahora. En este contexto, se escuchan, paulatinamente, voces que convocan a una reforma constitucional, que involucre urgentemente la forma de elecci\u00f3n meritocr\u00e1tica de las altas autoridades judiciales para empezar a despolitizar la administraci\u00f3n de justicia.
\nEste problema fue abordado por el propio gobierno de Luis Arce (Ministerio de Justicia mediante), con un objetivo primigenio de que, hasta finales de 2020, se decida por una reforma constitucional, sobre la situaci\u00f3n de la justicia. Para el efecto, incluso se conform\u00f3 un grupo de experimentados juristas, sin embargo, la iniciativa qued\u00f3 trunca sin mayores explicaciones.
\nPese a que ejercer el derecho de sufragio para elegir a las altas magistraturas, brinda un componente democr\u00e1tico, en una sociedad como la nuestra, altamente politizada y partidizada, parece que el camino de legitimaci\u00f3n del \u00f3rgano de poder de los jueces, no es el m\u00e1s id\u00f3neo. Al parecer, la v\u00eda m\u00e1s simple es retornar a una calificaci\u00f3n de m\u00e9ritos y convocar al ejercicio de las altas magistraturas, a los abogados m\u00e1s probos, m\u00e1s experimentados, m\u00e1s l\u00facidos y a los que tengan una carrera, dentro del \u00d3rgano Judicial, m\u00e1s intachable y llena de alto valores \u00e9ticos y principios morales altamente sustentables.
\nPara lograr este objetivo, tambi\u00e9n es indispensable que la selecci\u00f3n y designaci\u00f3n de autoridades del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, est\u00e9 a cargo de una Comisi\u00f3n Especial representativa de la sociedad civil, por una parte y el \u00d3rgano Legislativo, por otra, para luego elevar los nombres ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
\nLas fases de este proceso ser\u00edan dos b\u00e1sicamente: la primera, de convocatoria abierta, democr\u00e1tica y participativa, estableciendo c\u00e1nones de selecci\u00f3n d\u00f3nde se exija el cumplimiento de requisitos m\u00ednimos y deseables para una composici\u00f3n de los altos tribunales, con abogados que, sin padrinazgo pol\u00edtico, compitan, en las mismas condiciones de oportunidad. La segunda, de selecci\u00f3n meritocr\u00e1tica de candidatos (por parte de la Comisi\u00f3n Especial) y una de elecci\u00f3n de los aspirantes (Comisi\u00f3n Especial junto a la Asamblea Legislativa Plurinacional). A los profesionales que superen las dos fases iniciales e ingresen a la designaci\u00f3n final por la ALP, se les debe exigir la presentaci\u00f3n de declaraci\u00f3n jurada de bienes y rentas, solvencia fiscal y acreditar los antecedentes sobre su especialidad o carrera judicial, adem\u00e1s de haberse producido ya la entrevista individual.
\nDeterminado el resultado por parte de la Comisi\u00f3n Especial, esta instancia establecer\u00e1 un cuadro de m\u00e9ritos, con los postulantes finamente seleccionados, los que deber\u00e1n ser elegidos al t\u00e9rmino de la segunda etapa, por el pleno de la Asamblea Legislativa por dos tercios de votos de sus miembros, no solo de los miembros presentes, sino del total, lo que pese a todo, obligar\u00eda a consensuar listas finales entre todos, antes que negociarlas o imponerlas, m\u00e1xime si a\u00f1adir\u00edamos que la designaci\u00f3n debe pasar por la ausencia de veto de cualquier bancada, de fuerza pol\u00edtica o territorial, lo que le dar\u00eda una m\u00e1s alta legitimidad a su designaci\u00f3n.
\nYa en el plazo procedimental, desde la convocatoria abierta, no deber\u00edamos exceder los seis meses hasta la designaci\u00f3n, es decir que coincidimos con el plazo para una elecci\u00f3n nacional, 180 d\u00edas; en este caso, de trabajo id\u00f3neo para tener a los mejores hombres y mujeres de leyes vinculados a la administraci\u00f3n de justicias pronta e imparcial.
\nPara la fase de selecci\u00f3n propiamente, \u00e9sta debe iniciarse luego de que la Comisi\u00f3n Especial entregue al Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la lista de candidatos seleccionados, junto a un informe pormenorizado en el que se explique el procedimiento de calificaci\u00f3n de cada uno de los seleccionados, describiendo todo el trabajo efectuado en cada tarea de evaluaci\u00f3n.
\nPrecisamos y reiteramos que la elecci\u00f3n de los magistrados y consejeros se debe desarrollar bajo los principios de meritocracia, imparcialidad, apoliticismo, publicidad, transparencia y equidad. S\u00f3lo y exclusivamente el m\u00e9rito, estudios, capacitaci\u00f3n, experiencia, logros obtenidos en el desempe\u00f1o de su profesi\u00f3n, docencia universitaria, adem\u00e1s de solvencia e idoneidad moral: son los ejes fundamentales y par\u00e1metros b\u00e1sicos para conformar altos tribunales que permitan administraci\u00f3n de justicia m\u00e1s ecu\u00e1nime y en mejores condiciones que en la actualidad.
\nTodos estos cambios, sin embargo, deben plasmarse en una Reforma Constitucional, v\u00eda Referendo y deben estar acompa\u00f1ados de una profunda y real transformaci\u00f3n del \u00d3rgano Judicial y de sus estructuras, lo que tambi\u00e9n incluye a instituciones aut\u00f3nomas como el Ministerio P\u00fablico.
\nEsta transcendental reforma se encuentra estrechamente vinculada a la institucionalizaci\u00f3n del sistema judicial, pues, as\u00ed como el acceso a la justicia y el debido proceso son considerados derechos humanos, el Estado en todos sus niveles tiene la obligaci\u00f3n de establecer la formulaci\u00f3n, planificaci\u00f3n, gesti\u00f3n, evaluaci\u00f3n e incluso control social que corresponde a todas las pol\u00edticas p\u00fablicas relacionadas con la reforma judicial.
\nLa agenda p\u00fablica de reforma judicial con necesario consenso social, debe posibilitar y garantizar acceso oportuno a la justicia de forma transparente e independiente, enfocada en la tutela de los derechos humanos de los grupos de la sociedad m\u00e1s vulnerables y excluidos y con interdependencia entre justicia ordinaria, justicia ind\u00edgena y sistemas alternativos de soluci\u00f3n de conflictos.<\/p>\n
El autor es abogado y profesor universitario em\u00e9rito de la UMSA.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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