Una aeronave Cessna C-206 fue ubicada e interceptada por la Fuerza Aérea Boliviana durante un operativo de vigilancia en el oriente del país, después de ingresar desde territorio brasileño con una identificación alterada y sin insignias nacionales, en la primera acción de estas características ejecutada bajo la operación Bellator II.
La intervención fue comunicada por el Ministerio de Defensa, que informó que la aeronave fue detectada mientras realizaba un desplazamiento de este a oeste. De acuerdo con el reporte de la Fuerza Aérea, el aparato no llevaba bandera y presentaba modificaciones en su matrícula, características que fueron identificadas durante el procedimiento.
El operativo se desarrolló en el marco de Bellator II y fue presentado como la primera interceptación de una aeronave en estas circunstancias dentro de esta operación militar. El Ministerio de Defensa señaló que esta actuación forma parte de las tareas destinadas a reforzar la vigilancia y el control del espacio aéreo en el sector oriental del territorio nacional.
El procedimiento también pone en contexto las dificultades que enfrenta Bolivia para supervisar sus fronteras aéreas, particularmente en las zonas limítrofes con Brasil y Paraguay, donde se reportan vuelos irregulares y clandestinos que son asociados con posibles actividades ilícitas.
RADARES BAJO INVESTIGACIÓN
Las limitaciones en el control aéreo también están relacionadas con la implementación del sistema de radares adquirido por el Estado boliviano. La Ley de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, promulgada en 2014, estableció la compra de estos equipos y contempló medidas contra aeronaves que participen en actividades ilícitas o vulneren las disposiciones de seguridad nacional.
Dos años después, durante el Gobierno de Evo Morales, se adjudicó a la empresa francesa Thales Air Systems un contrato superior a los 191 millones de euros para instalar 13 radares civiles y militares, además de centros de control, sistemas de comunicación e infraestructura tecnológica.
Aunque inicialmente se había previsto que el proyecto se ejecutara en 31 meses, las modificaciones contractuales extendieron el plazo hasta los 82 meses. La demostración final del sistema se efectuó aproximadamente 98 meses después de la firma del contrato.
Una auditoría posterior identificó observaciones en el funcionamiento de los equipos: dos radares operaban sin reparos, nueve presentaban deficiencias técnicas y otros dos permanecían fuera de servicio.
En este contexto, el 15 de octubre el Ministerio de Defensa presentó una querella penal contra 19 personas, entre ellas los exministros de Defensa Reymi Ferreira, Javier Zabaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, además de antiguos funcionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
Por este proceso, Novillo fue aprehendido y enviado al penal de San Pedro, aunque posteriormente obtuvo arresto domiciliario. También fue aprehendido el general de división aérea Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) ha señalado anteriormente la importancia de fortalecer el control del espacio aéreo boliviano como parte de las acciones para combatir el narcotráfico. (EL DIARIO, agencias)
