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Por supuestos delitos de orden público

Libre pide investigar audios atribuidos a Bilbao y Medinaceli

Asegurando que en la administración pública no pueden persistir prácticas y “mañas” que caracterizaron a los 20 años del Movimiento al Socialismo (MAS) en el poder, los senadores José Sánchez y Abdón Porcel, ambos de la alianza Libre, presentaron una Petición de Informe Oral (PIO) al Ministerio de Salud y una Minuta de Comunicación al Ministerio Público respecto a los audios que involucran a dos parlamentarios, exigiendo con amenazas contratar personal que no cumple con requisitos requeridos.

La Minuta de Comunicación enviada al Fiscal General del Estado, José Armando Urioste Viera, tiene el objetivo de que, de oficio, “se investiguen los audios que presuntamente involucrarían a los diputados Alejandro Medinaceli y Claudia Bilbao en supuestos actos de tráfico de influencias, cuoteo político y presiones para la contratación de funcionarios públicos.

“Para nosotros, esos audios que presuntamente son manipulados y una serie de aspectos, se cometen delitos de orden público y ningún asambleísta naturalmente tiene privilegios para no ser sometido a una jurisdicción ordinaria, por tanto, el haber cometido delitos de esta naturaleza al margen del abuso de autoridad y una serie de aspectos deben ser investigados”, explicó Sánchez.

Por su parte el senador Porcel señaló que los presuntos delitos cometidos están contemplados en el Código Penal, con sanciones de hasta seis años de cárcel.

“Vamos a hacer que el Ministerio Público de oficio haga la investigación que corresponde, porque definitivamente ya no podemos permitir este tipo de actitudes que creíamos que habían quedado en el pasado. Tanto habíamos criticado los 20 años y ahora las mismas mañas, las mismas conductas”, añadió Porcel.

Ambos legisladores, también adelantaron la remisión de un PIO a la Ministra de Salud, Marcela Flores, para que informe ante el pleno del Senado las acciones que está asumiendo frente a los delitos que se estarían cometiendo en dependencias bajo su cargo, como la Aisem.

Señalaron que se debe investigar a ambos parlamentarios involucrados por los presuntos delitos penales de tráfico de influencias y beneficios en función del cargo.

“Remita la nómina completa de las personas contratadas y designadas desde noviembre de 2025, individualizando nombres, cargos, remuneraciones, fechas de incorporación, autoridad que autorizó cada contratación y documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos profesionales. Identifique las modificaciones salariales y los cambios de cargo efectuados durante dicho periodo, acompañando los respectivos informes técnicos y actos administrativos que los sustentan”, señala una de las preguntas.

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