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Fiscalía aprehende a general que coordinó sistema de radarización

El general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal, fue aprehendido ayer después de declarar ante la Fiscalía por el caso Radares, investigación en la que figura por su participación en la contratación e implementación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), cuyo proyecto registra un presunto daño económico superior a Bs 1.478 millones.

Mendizábal compareció ante el Ministerio Público en calidad de sindicado y, después de prestar su declaración informativa, fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde permanece a la espera de que se defina su situación jurídica.

El militar tuvo participación directa en el proyecto de radarización como coordinador general del Sidacta. Entre sus funciones estuvieron la elaboración de especificaciones técnicas, la revisión de propuestas, la intervención en la comisión de recepción y la coordinación de las distintas etapas de ejecución.

Una auditoría interna del Ministerio de Defensa, fechada el 6 de marzo de 2026, identificó observaciones relacionadas con cuatro aspectos de su intervención: la presentación de la empresa francesa Thales Air Systems como único potencial proponente sin suficiente respaldo documental sobre la evaluación de otras compañías, las modificaciones contractuales, las condiciones para la recepción definitiva del sistema y las cláusulas del séptimo contrato modificatorio, que podían generar gastos adicionales para el Estado.

El informe lo menciona entre los posibles responsables de irregularidades vinculadas con presuntos delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato y conducta antieconómica.

El proyecto fue contratado en 2016 por un monto superior a los 191 millones de euros y contemplaba la instalación de 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación e infraestructura para vigilar el espacio aéreo boliviano. El plazo inicial de ejecución era de 31 meses, pero siete modificaciones contractuales ampliaron ese periodo a 82 meses.

Los resultados de la auditoría también evidenciaron problemas en los equipos adquiridos. De los 13 radares previstos, dos funcionaban sin observaciones, nueve presentaban reparos técnicos y otros dos estaban fuera de servicio. El presunto daño económico calculado para el conjunto del proyecto supera los Bs 1.478 millones, cifra que no corresponde exclusivamente a Mendizábal.

La querella penal fue presentada por el Ministerio de Defensa el 15 de octubre contra 19 personas, entre ellas los exministros Reymi Ferreira, Javier Zabaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo, además de exfuncionarios y representantes de la empresa contratista.

Dentro de este proceso, Novillo fue aprehendido el 29 de octubre, luego de prestar su declaración ante la Fiscalía. Al día siguiente, un juez determinó su detención domiciliaria.

La aprehensión de Mendizábal se produce mientras el general también desempeñaba funciones en la actual administración gubernamental. El 17 de septiembre fue posesionado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, como secretario general permanente del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).

Durante ese acto, Paz le encomendó trabajar en una propuesta integral de ley de seguridad y defensa, así como fortalecer la inteligencia estratégica y la coordinación institucional. Mendizábal cuenta con más de 30 años de servicio en la Fuerza Aérea Boliviana y formación en ingeniería electrónica, ciencias militares aeronáuticas y seguridad y defensa. (Con información de agencias)

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