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El primer año de gobierno

Eric L. Cárdenas del Castillo

Ha transcurrido un año de la gestión presidencial del señor Rodrigo Paz Pereira, que recibió un amplio respaldo de la ciudadanía a través del voto y luego con buenas expectativas, pues había concluido un largo régimen del populismo al socialismo, que dejó al país en ruina económica y una crisis de las instituciones del Estado. El candidato ganador, se apartó de su oferta electoral y en consideración al cuadro de crisis, cambió el alineamiento ideológico que estuvo aliado a los regímenes autoritarios de América y el mundo. Morales Ayma declaró a la prensa internacional que los aliados de su revolución eran Cuba, Venezuela, Rusia y China. Paz Pereira firmó con otros gobernantes de la región, la creación del “Escudo de las Américas”, una corriente de política internacional que sigue la política de seguridad de los Estados Unidos (USA), de lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otras medidas.
Con cierta lentitud el nuevo régimen levantó la subvención a los hidrocarburos, elevando su precio, pero a su vez, no se tenía en los surtidores el suficiente combustible para su venta, ocasionando la protesta de la ciudadanía, la misma que se agudizó cuando el gobierno puso en venta gasolina de muy baja calidad que efectó el funcionamiento vehicular. Descongeló el valor del dólar y dispuso la libre flotación de su precio, aunque el Banco Central fijaba el valor del día, lo que produjo una oscilación de entre 9 a 12 bolivianos por dólar, la que luego de varios meses se ha estabilizado en este precio.
Para poder contar con la divisa norteamericana, tan escasa en el mercado, el gobierno acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI), que luego de las negociaciones prestará hasta cinco mil millones de dólares en cuotas parciales, condicionando al prestatario a poner en orden las variables económicas, como levantar subsidios, bajar los déficits fiscales y otras medidas que todavía no se han tomado.
La ciudadanía a través de sus portavoces, sugirió que se tomen medidas “estructurales” de cambio, para enfrentar el cuadro de deterioro y cambiar de modelo económico fiscal; sin embargo, el gobierno dicta medidas de acuerdo a las circunstancias y persiste la crisis, si bien algunos aspectos han mejorado, pero con un alto costo social. En vez de las medidas de “shock” aconsejadas, el gobierno ha preferido las medidas graduales, que no tienen un efecto inmediato y eficaz, y suelen, por el contrario, producir fenómenos no esperados de conflicto.
El problema más agudo del nuevo gobierno, fue el de los más de cincuenta días de paro y bloqueo de caminos, por los saldos del populismo, dirigidos desde el Chapare de Cochabamba, convertido en fortaleza y centro de actividad política del expresidente Morales Ayma, pese a los mandamientos expedidos por la justicia ordinaria en su contra, por delitos comunes. Este bloqueo significó un mayor deterioro del cuadro económico y social, el mismo que necesita, ahora, mucho más tiempo para salir de la crisis.
El régimen populista en su Constitución diseñada a la medida del “gobierno del cambio”, puso varios candados contra la inversión privada en ciertos rubros, lo que dificulta la posibilidad de contar con recursos frescos de la inversión externa. Además, otro freno al capital externo, tan necesario, para enfrentar la crisis, es el cuadro penoso de la administración de justicia, que respondía precisamente al poder populista. La caída de las cabezas del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia, desveló lo que todos sabíamos sobre el desenvolvimiento corrupto del aparato de justicia, pero que en buena medida sigue, pues muchos operadores responden al aparato político del populismo, lo mismo en otras reparticiones públicas.
No se ha desmontado el aparato de poder edificado en veinte años, apenas se le ha arañado, es oportuno que el gobierno lo haga, para dar un nuevo enfoque al servicio público, que lejos de servir a la ciudadanía, es un aparato que oprime al ciudadano.
La austeridad fiscal reclamada por la ciudadanía, sigue siendo una tarea pendiente, pues casi un centenar de empresas públicas son deficitarias, ya que fueron creadas al calor de la corrupción y debemos financiarlas los ciudadanos con nuestros impuestos. Además, los elevados salarios qué con recursos del Estado, benefician a la clase política y a algunos sectores como las empresas mineras de COMIBOL, en la que los salarios llegan a Bs 80.000 por mes, mientras el pueblo se debate por subsistir.
Los actos de escandalosa corrupción, como de las maletas que llegaron y desaparecieron, otras que salían con oro, audios sobre conversaciones de gente del gobierno, todo atribuido ahora a los caídos en desgracia y al exasesor del presidente, deterioran la imagen del gobierno.
El gobierno ha perdido credibilidad ante la opinión pública, y debe con urgencia tomar medidas para recuperar la confianza, reformar las normas que rigen el Estado y profundizar la lucha contra el delito, convocar a mejores colaboradores. Aún se está a tiempo.

El autor es Abogado, Politólogo, docente universitario y escritor.

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