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Cuando cumplir cuesta y la ilegalidad compra poder

Oscar A. Heredia Vargas

En Bolivia, una familia puede trabajar todo el día sin saber cuánto ganará mañana. Un productor puede cumplir sus obligaciones y perder mercado frente a quien las evade. Al mismo tiempo, una organización criminal puede acumular riqueza y utilizarla para buscar protección, influir sobre decisiones públicas y debilitar los controles que deberían limitar su actividad.
Son realidades distintas, conectadas por un problema de fondo: las reglas no siempre se aplican en las mismas condiciones. Para unos, cumplir supone un costo difícil de asumir; para otros, encarece la producción; para quienes manejan economías ilícitas, el dinero puede convertirse en un medio para conseguir ventajas y ampliar su poder.
La desigualdad ante la ley no solo determina quién recibe una sanción. También distribuye costos, oportunidades y poder. Cuando se instala en la economía, afecta quién puede progresar, quién logra competir y quién tiene capacidad para influir sobre las reglas.
Para muchas familias, trabajar por cuenta propia responde a la falta de empleo estable y a los ingresos insuficientes. Vender en un mercado o sostener un pequeño taller permite cubrir necesidades inmediatas, pero no garantiza ahorro, crédito, seguridad social ni crecimiento.
Exigir formalización sin cambiar las condiciones que la dificultan es pedir un resultado sin construir el camino. Los trámites y obligaciones deben ajustarse a la capacidad de los pequeños emprendimientos. Formalizarse debe ser posible y ofrecer ventajas para que la subsistencia pueda convertirse en estabilidad y progreso.
Producir exige inversión, trabajadores, mercados y reglas previsibles. Si quien cumple enfrenta operadores que reducen costos mediante la evasión sistemática o el contrabando organizado, queda en desventaja por razones ajenas a su productividad.
Es necesario distinguir: la informalidad de subsistencia no equivale al contrabando organizado, y el registro legal tampoco garantiza por sí mismo una conducta responsable. Confundir estas realidades castiga a quienes necesitan oportunidades y deja sin suficiente atención a quienes construyen negocios sobre el incumplimiento deliberado.
Cuando cumplir cuesta más que incumplir, la competencia se distorsiona. La ventaja deja de depender de producir mejor, innovar o atender al consumidor y pasa a depender de evitar obligaciones sin afrontar consecuencias. Se desalienta la inversión, se debilita el empleo y pierde la sociedad que necesita ampliar su producción.
El problema adquiere otra dimensión con el narcotráfico, la minería ilegal y las redes de contrabando organizado. Estas actividades pueden movilizar recursos considerables y generar daños sociales, ambientales y de seguridad. Su alcance más preocupante aparece cuando las ganancias son utilizadas para obtener protección, neutralizar controles o condicionar decisiones públicas.
En ese punto, el dinero ilícito deja de ser solamente el resultado de un negocio criminal: se convierte en un instrumento para intervenir en las condiciones que deberían limitarlo. Si una red puede influir sobre quién investiga, qué controles se ejecutan o qué consecuencias enfrenta, la ilegalidad comienza a disputar espacios de poder.
Por eso no basta con detener a quienes transportan mercancías, extraen minerales o ejecutan operaciones. Hay que seguir el dinero, identificar a los beneficiarios, investigar el financiamiento y desarticular las redes que facilitan la protección. Cuando cae un operador y el negocio continúa, la estructura conserva su capacidad de operar.
Aquí se encuentra la relación decisiva entre economía e instituciones. La aplicación desigual de las reglas favorece a quienes tienen recursos para eludirlas; cuando ese dinero se convierte en influencia, la desigualdad económica amenaza también la independencia de las decisiones públicas. El mercado deja entonces de depender solo de la productividad y refleja la capacidad de conseguir excepciones.
La responsabilidad pública es facilitar la formalización de pequeños emprendimientos, garantizar condiciones justas para quienes producen y perseguir las redes criminales hasta sus fuentes de financiamiento. Son tareas distintas, unidas por una obligación: que las reglas sean efectivas y no dependan del poder de quien debe cumplirlas.
La confianza en la ley también se construye en la economía: las familias necesitan vías para progresar, quienes invierten deben competir en condiciones justas y las ganancias ilícitas no pueden conceder autoridad sobre las instituciones.
Una sociedad pierde confianza en sus instituciones cuando cumplir es una obligación para unos y una opción para otros. Bolivia necesita corregir esa desigualdad: abrir oportunidades a quienes trabajan, garantizar condiciones justas a quienes producen y cerrar toda posibilidad de que el dinero ilícito compre excepciones a la ley.

El autor es Analista político y económico. Ex Rector de la UMSA.

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