Gobierno y Cancillería deberán explicar asilo de García Linera

El diputado por Autonomía Para Bolivia (APB-Súmate), David Montaño Iriarte, presentó dos Peticiones de Informe Escrito (PIE) para esclarecer las circunstancias sobre la salida de territorio nacional del exvicepresidente Álvaro García Linera, quien es investigado en el país por el Caso Hotel Las Américas, y su presunto asilo político en México.
Puntualizando que ninguna persona puede estar por encima de la ley, por mas que se trate de una exautoridad, Montaño señaló que su petición de información a diferentes carteras de Estado no debe ser entendida como alguna forma de persecución, sino una gestión para despejar las dudas de la ciudadanía respecto a la salida del país de alguien con requerimientos judiciales pendientes.
“Estamos preguntando lo que todo boliviano se pregunta: ¿Cómo sale del país una persona citada por la justicia? ¿Quién lo dejó salir? ¿Y qué está haciendo el Estado para que responda? Nadie puede estar por encima de la ley, ni un exvicepresidente”, afirmó el legislador.
La primera Petición de Informe está dirigida al ministro de Gobierno, solicitando mayor información oficial sobre el flujo migratorio de García Linera.
“Si a un ciudadano común lo citan y no aparece, la Policía lo busca. ¿Por qué con un exvicepresidente fue distinto? Queremos saber si hubo negligencia, si hubo complicidad o si simplemente no hay control”, explicó Montaño, quien recientemente fue elegido jefe de bancada de APB-Súmate.
El segundo PIE está dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitando información oficial sobre el presunto asilo político y la situación diplomática del señor García Linera.
“Bolivia tiene derecho a saber si México le dio asilo y bajo qué argumentos. Los bolivianos tienen derecho a saber qué acción tomó o tomará nuestra Cancillería para que la exautoridad responda ante la justicia boliviana. La revolución judicial también es esto: que haya justicia imparcial para todos, no solo para los poderosos”, concluyó Montaño.
Finalmente, desde la bancada de APB-Súmate se reafirmó que se continuará con las labores de fiscalización, sin incurrir en algún tipo de persecución, pero impidiendo que existan privilegios.