La Fiscalía de Estados Unidos solicitó incorporar al juicio contra el narcotraficante uruguayo, Sebastián Marset, pruebas sobre un presunto esquema de sobornos a funcionarios bolivianos, entre ellos los pagos periódicos que, según la acusación, habría realizado a un alto funcionario para obtener protección e información sobre las operaciones de las fuerzas de seguridad.
La petición fue presentada ante el juez federal Rossie Alston Jr. y forma parte de las actuaciones previas al juicio previsto para enero de 2027. Los fiscales buscan demostrar que los pagos realizados en Bolivia permitieron al narcotraficante mantener informada a su organización sobre las investigaciones en curso y anticiparse a los operativos destinados a capturarlo.
Uno de los aspectos centrales de la acusación es la supuesta entrega regular de dinero a una autoridad de alto rango, que posteriormente habría distribuido los recursos entre otras personas. Según los antecedentes difundidos sobre el caso, esa relación habría facilitado el acceso de la organización a información policial reservada e incluso a datos sobre reuniones entre agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y autoridades del país.
Los fiscales también mencionan que la estructura criminal habría conseguido recuperar cargamentos de cocaína incautados durante procedimientos de control, mediante pagos adicionales. Este señalamiento se suma a las sospechas sobre la filtración de información que habría permitido a Marset evadir las acciones de las fuerzas de seguridad.
Los antecedentes tienen relación con las investigaciones desarrolladas en Bolivia por la presunta protección que recibió el narcotraficante. En ese contexto aparece el exfiscal general del Estado Roger Mariaca, a quien Marset identificó como su amigo en un video, en el que además aseguró que le entregaba 500.000 dólares para conocer si existían operativos de captura en su contra.
El presunto mecanismo de corrupción no se habría limitado a Bolivia. La Fiscalía estadounidense también pidió autorización para presentar evidencias de supuestos sobornos en Paraguay, Uruguay y Venezuela. En su planteamiento, los investigadores sostienen que Marset habría recurrido a pagos a autoridades de los cuatro países para conseguir información y protección frente a las acciones de las fuerzas del orden.
La acusación describe estos pagos como parte de una estrategia para mantener las operaciones de narcotráfico y evitar intervenciones estatales. “Estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin la interferencia de las fuerzas del orden”, afirmaron los fiscales del caso.
La Fiscalía sostiene que Marset recurría a la violencia contra quienes se oponían a sus actividades o colaboraban con las autoridades. Según los fiscales, cuando no conseguía corromperlos, “el acusado amenazaba, bombardeaba e incluso asesinaba” a integrantes de las fuerzas del orden.
Además de los presuntos pagos, los fiscales buscan incorporar mensajes intercambiados mediante la plataforma cifrada Sky ECC. Según la investigación, identificaron 12 números utilizados por supuestos participantes de la organización, tres de ellos atribuidos a Marset. Las comunicaciones contendrían mensajes e imágenes que permitirían identificarlo y establecer sus vínculos con otros integrantes de la estructura.
Por su parte, la defensa del narcotraficante solicitó excluir determinadas evidencias, entre ellas referencias a hechos violentos que considera ajenos a los cargos que enfrenta, registros bancarios que no estarían relacionados directamente con las acusaciones y declaraciones de terceros vinculadas con la presunta conspiración para lavar dinero.
La información sobre las solicitudes de la Fiscalía fue publicada por el portal Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y la Corrupción (Occrp, por sus siglas en inglés), especializado en investigaciones sobre seguridad, crimen organizado y corrupción. El medio detalló que las autoridades estadounidenses buscan presentar las pruebas de los presuntos sobornos y las comunicaciones cifradas para exponer el funcionamiento de la red atribuida a Marset.
El uruguayo fue capturado en Santa Cruz en marzo de 2026 y trasladado ese mismo día a Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. El juicio está previsto para comenzar el 11 de enero de 2027.
