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El fracaso de la política penitenciaria

Ronald Nostas Ardaya

Es indudable que el éxito político y electoral de Nayib Bukele se explica por su política de seguridad. Durante décadas, las pandillas organizadas habían convertido a El Salvador en el país más violento de Centroamérica. Bukele decidió enfrentar el problema con encarcelamientos masivos, una fuerte presencia policial y militar en las calles, y el régimen penal más severo del continente. Aunque sus métodos fueron cuestionados por presuntas violaciones a derechos humanos, sus resultados son incuestionables: según datos oficiales, en 2025 los homicidios cayeron 97% respecto de 2019 y las pandillas fueron neutralizadas.
El éxito de Bukele ha inspirado a más de diez países de la región a aplicar algunas de sus medidas y ha puesto en cuestión los enfoques de seguridad interna aplicados en la región.
Aunque la situación en Bolivia es muy diferente de la que vivió El Salvador, la presencia del crimen organizado ligado a redes de narcotráfico, la infiltración de las instituciones encargadas de combatirlo y la pérdida de control territorial en zonas dominadas por el delito han colocado a la seguridad como una de las preocupaciones más relevantes en los últimos años.
Según MILENIO, en 2025 existían al menos 17 clanes ligados al narcotráfico en Bolivia, además de grupos criminales relacionados con el contrabando y la explotación aurífera, que operan sobre todo en las fronteras. En lo que va de 2026, los medios reportaron más de 50 asesinatos bajo la modalidad de sicariato y ajustes de cuentas.
Es evidente que el problema tiene muchas causas: la debilidad estatal, la permisividad con el delito en los últimos 20 años, la informalidad y la corrupción. Pero también se debe a que nuestra legislación no reconoce la cadena perpetua ni la acumulación de penas, independientemente de la peligrosidad del individuo o la gravedad de los crímenes que haya cometido.
La Ley 2298, promulgada en 2001, tiene como uno de sus objetivos lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado y, sobre este principio reconoce a los privados de libertad más derechos que obligaciones. Una de sus mayores distorsiones es la administración y gobernanza de los penales. Los privados de libertad tienen el control de la disciplina interna, forman parte de Consejos Penitenciarios junto a las autoridades policiales, eligen delegados, pueden convivir con sus hijos menores de seis años, ser tramitadores de sus compañeros, acceder a un régimen de trabajo o estudio externos, entre otros beneficios.
Las cifras del fracaso son elocuentes. Según la Defensoría del Pueblo, nuestro país cuenta con 46 centros penitenciarios que albergan a 33.000 privados de libertad; cerca del 54% son detenidos sin sentencia. El hacinamiento total supera el 109%, aunque en algunos centros es mayor al 400%. Los servicios básicos han colapsado, y la violencia y la corrupción son parte de la vida cotidiana.
Con esta realidad, la rehabilitación y la reinserción son meramente declarativas: según datos oficiales más del 70% de los detenidos es reincidente en la comisión de delitos. Muchas cárceles se han convertido en espacios tomados por organizaciones delictivas donde el crimen puede operar impunemente, a través de mecanismos de extorsión, violencia y chantaje, en complicidad con un sistema judicial oprobioso y un Estado permisivo que sigue debatiendo soluciones parciales como amnistías e indultos y dispositivos electrónicos de vigilancia.
Bolivia necesita una nueva política criminal y penitenciaria. Eso significa poner fin al autogobierno de los penales y devolver al Estado el control de la disciplina interna; separar a los internos según su peligrosidad; construir recintos de máxima seguridad; reducir la detención preventiva; priorizar el cumplimiento efectivo de las sentencias, la protección a las víctimas y la reparación del daño y; abrir el debate sobre los límites de las penas para los delitos más graves, aunque exija reformar la Constitución.
No se trata de cambiar el Estado de derecho por la arbitrariedad ni de importar modelos ajenos, sino de recuperar algo más elemental: que la ley se cumpla dentro y fuera de las cárceles. Un Estado que no controla sus prisiones ya ha empezado a perder el control del país.

El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.

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