Alcaldías exigen decreto para reactivar obras paralizadas

La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) solicitó al Gobierno central la aprobación de un decreto supremo que permita nivelar los precios de los contratos de obras públicas, cuya ejecución se encuentra afectada por el incremento de los costos de materiales, transporte y combustible.
La alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la AMB, Fátima Tardío, informó que se otorgó al Ejecutivo un plazo hasta el viernes para emitir la normativa, considerada urgente para garantizar la continuidad de los proyectos municipales antes de finalizar el año.
Explicó que varias obras permanecen paralizadas, debido a que las empresas constructoras enfrentan mayores costos de ejecución como consecuencia de las variaciones del tipo de cambio del dólar y el encarecimiento del diésel, los insumos y el traslado de materiales.
Según la autoridad, esta situación provocó que algunas empresas evitaran suscribir contratos, mientras que otras solicitaron su resolución al considerar que las condiciones económicas actuales les generan pérdidas.
Entre los proyectos afectados mencionó la construcción de puentes, caminos, asfaltados, enlosetados y mejoras en establecimientos educativos, cuya continuidad dependerá de las medidas que adopte el Gobierno para actualizar los precios.
Tardío señaló que durante la reunión también se abordaron asuntos relacionados con la coparticipación tributaria, el nuevo pacto fiscal y la propuesta de distribución de recursos bajo el esquema 50/50. Sin embargo, estos temas serán analizados con mayor profundidad en próximos encuentros, debido a que las alcaldías priorizan actualmente la atención de sus necesidades económicas hasta diciembre.
Asimismo, indicó que los representantes municipales solicitaron modificaciones a la normativa que regula las obligaciones de los gobiernos locales, con el propósito de revisar competencias y responsabilidades financieras que consideran ajenas a su ámbito de administración.
Entre los planteamientos figura la transferencia al nivel central de obligaciones relacionadas con la Renta Dignidad, el bono para personas con discapacidad, los recursos destinados a seguridad ciudadana y determinadas responsabilidades vinculadas al sector salud.
La vicepresidenta de la AMB sostuvo que estas demandas buscan aliviar las cargas económicas de los municipios y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, mientras se aguarda una respuesta del Ejecutivo sobre la nivelación de precios para reanudar las obras pendientes. (Sucre, agencias)