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Corte IDH ordena liberar a nueve presos políticos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al régimen de Nicaragua de la liberación de forma “inmediata” de los nueve presos políticos condenados por la masacre del 19 de julio de 2014, alegando que se encuentran en riesgo de sufrir “daños irreparables” en el Sistema Penitenciario Nacional y, además, uno de ellos ya cumplió su condena.
Los nueve presos, considerados como presos políticos de la dictadura, se encuentran en una situación de “extrema gravedad y urgencia”, puesto que están sometidos a un aislamiento prolongado y encerrados en celdas de castigo con altas temperaturas, plagas y sin ventilación adecuada, según recogió el diario nicaragüense Confidencial.
Según la Corte IDH, los nueve sufren de “padecimientos de salud serios: diabetes, afecciones cardíacas y problemas renales” y aseguró que “ninguno recibe atención médica ni tratamientos, lo que ocasionó que uno de ellos perdiera la vista por completo”.
Asimismo, la resolución reveló que los nueve presos fueron víctimas de palizas, amenazas y agresiones por parte de agentes penitenciarios, enfatizando que bajo este contexto de privación de libertad en Nicaragua, “ya han fallecido otras personas bajo custodia estatal”.
Así, la Corte requirió al gobierno nicaragüense que informe, a más tardar hoy, sobre la situación de los nueve presos políticos y las medidas adoptadas para su liberación. Sin embargo, Nicaragua fue declarada en 2022 en desacato por negarse a cumplir las resoluciones de dicho Tribunal.
Los beneficiarios de la resolución de la Corte IDH son: Walter José Balmaceda Ruiz, Jairo Alberto Obando Delgadillo, Eddy Antonio Gutiérrez Delgadillo, Zacarías Cano Angulo, Rosendo Antonio Huerta González, Leonel Antonio Poveda Palacios, José Olivar Meza Raudez, Wilfredo Balmaceda Castrillo y José Ricardo Cortez Dávila.
En ese sentido, se identificó a líderes locales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y según denunciaron la oposición y las familias fueron detenidos sin orden judicial entre julio y agosto de 2024. Sus abogados alegaron entonces que fueron «torturados» para que se autoinculparan del ataque y posteriormente condenados a penas de entre 10 y 133 años de prisión. (Europa Press)

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