Proponen reformas ante costos ocultos agrícolas

Reformar el sistema tributario agropecuario mediante la aplicación de impuestos progresivos que favorezcan a los productores sostenibles es una de las principales alternativas planteadas para enfrentar los costos ocultos de la agricultura en Bolivia.
El director ejecutivo de la Fundación Tierra, Juan Pablo Chumacero Ruiz, en entrevista con EL DIARIO, señaló que esta medida permitiría revisar el Régimen Agropecuario Unificado (RAU), establecido en 1996, y avanzar hacia un esquema impositivo que considere las consecuencias ambientales y sociales de las actividades productivas.
Además, explicó que la disminución de los ingresos estatales provenientes del gas natural obliga al país a buscar nuevas fuentes de recaudación, entre ellas una revisión de la tributación agropecuaria, con criterios que beneficien a quienes utilizan responsablemente la tierra y establezcan mayores exigencias para los productores que ocasionan daños ambientales.
Otra de las soluciones propuestas consiste en reorientar las subvenciones y los incentivos estatales, particularmente aquellos relacionados con el precio de los combustibles, para favorecer a los sectores que desarrollan prácticas agrícolas sostenibles.
Chumacero indicó que, a partir de los debates surgidos durante la crisis de los combustibles, es posible diseñar mecanismos de apoyo económico dirigidos a productores que demuestren un manejo adecuado de sus tierras, vinculando los beneficios estatales con el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.
También planteó impulsar políticas de fomento a la pequeña agricultura familiar, campesina e indígena, así como a los sistemas agroforestales y agrosilvopastoriles, mediante asistencia tecnológica, transferencia de conocimientos y mejores oportunidades de comercialización.
Entre estas medidas mencionó la creación de mercados específicos y la promoción de compras públicas, con el propósito de fortalecer las actividades productivas que presentan menores impactos sobre el medioambiente y ofrecen alternativas al modelo de monocultivos.
Una tercera línea de acción está relacionada con la revisión de los instrumentos de planificación territorial, cuya aplicación, según el especialista, no ha logrado contener la expansión descontrolada del agronegocio.
En ese sentido, consideró necesario modificar los planes de uso del suelo, los mapas de capacidad de uso mayor y los planes de ordenamiento predial, incorporando criterios económicos y ecológicos que permitan mejorar el aprovechamiento de las tierras y proteger los recursos naturales.
El director ejecutivo sostuvo que estas reformas deben sustentarse en información que permita conocer las verdaderas consecuencias de la actividad agrícola. Por ello, recomendó que el Estado establezca mecanismos para medir los impactos ambientales, sociales y humanos, además de las estadísticas tradicionales sobre superficies cultivadas y volúmenes de producción.
A su juicio, disponer de estos datos facilitaría la formulación de políticas públicas relacionadas con impuestos, subsidios, subvenciones y apertura de mercados, con incentivos para las prácticas responsables y medidas que desincentiven las actividades perjudiciales para el medioambiente.
Las propuestas se relacionan con los resultados de la investigación “Costos ocultos de la agricultura: Monocultivos y sistemas alternativos en áreas de expansión de Bolivia”, elaborada por la Fundación Tierra, el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (Cipca) y la Fundación Jubileo, con el apoyo de Misereor.
El estudio determinó que los costos ocultos de los monocultivos mecanizados alcanzaron aproximadamente 2.894 millones de dólares durante 2024, frente a un valor bruto de producción estimado en 2.618 millones de dólares. La diferencia asciende a 276 millones de dólares, equivalente a cerca del 10,5% del valor producido.
Chumacero explicó que estos costos corresponden a consecuencias negativas de la actividad agropecuaria que no se reflejan directamente en los gastos de producción ni en los precios de los productos, pero que generan perjuicios para la sociedad y el medioambiente.
Entre los principales impactos ambientales identificó la deforestación, las emisiones de gases de efecto invernadero, la pérdida de suelos y la reducción de su fertilidad, especialmente en las áreas donde predominan los monocultivos agroindustriales.
En el ámbito social, detalló las afectaciones a la salud, el deterioro de las condiciones de vida, la pobreza y la desestructuración de comunidades, cuyos efectos también forman parte de los costos que deben considerarse al evaluar la actividad agrícola.
Precisó que la metodología de costos ocultos permite identificar estos impactos y asignarles un valor monetario para compararlos con los beneficios económicos de la producción. De esta manera, es posible determinar la eficiencia de los distintos sistemas agrícolas desde una perspectiva económica, ambiental y social.
La investigación también analizó cinco modalidades de producción en los municipios de Ascensión de Guarayos, Santa Cruz, y San Andrés, Beni, mediante un trabajo que involucró a 310 familias y 70 unidades agropecuarias de nueve comunidades.
Los resultados muestran que los sistemas basados en monocultivos presentan mayores costos ocultos en relación con el valor generado. Por cada dólar producido, el monocultivo empresarial registra 1,11 dólares de costos ocultos, mientras que el monocultivo familiar alcanza 1,29 dólares.
En contraste, los sistemas agrícolas diversificados registran 0,52 dólares de costos ocultos por cada dólar producido; la pequeña agricultura tradicional, 0,79 dólares, y los sistemas mixtos de agricultura y ganadería, 0,91 dólares.
Estas diferencias, según el análisis, evidencian que existen modelos productivos con menores impactos y resultados más favorables al considerar conjuntamente los beneficios económicos y las consecuencias ambientales y sociales.
Chumacero destacó que la agricultura familiar campesina e indígena, junto con los sistemas diversificados vinculados a la agroforestería, constituye una alternativa que requiere mayor respaldo mediante políticas estatales específicas.
El especialista remarcó que incorporar los costos ocultos en la toma de decisiones públicas es fundamental para orientar los recursos e incentivos hacia sistemas de producción más sostenibles y evitar que los impactos negativos de la agricultura continúen quedando fuera de las evaluaciones económicas del sector. (Santa Cruz, EL DIARIO)