Ven una excesiva demora en aprehensión de Morales

Desafiando a Evo Morales y su dirigencia a encabezar las movilizaciones que vienen anunciando desde hace varias semanas para el 6 de noviembre, el exdiputado por La Paz, Amílcar Barral, observó que ya se ha demorado mucho la aprehensión del dirigente cocalero, lo que le permite gozar de impunidad y constantemente amenazar a la población y la estabilidad del Estado boliviano.
En criterio de Barral, pese a que las amenazas de posible convulsión social han ido incrementando en los últimos días, también es evidente que existe nerviosismo en la dirigencia “evista” y en el propio Morales ante la posibilidad de una intervención que por fin de cumplimiento a las órdenes de aprehensión que la exautoridad tiene pendientes.
“Hemos estado viendo a varios dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) amenazando y esto es porque existe un temor permanente de que lo vaya a detener”, dijo.
En ese sentido, observó con preocupación que desde el Gobierno se esté demorando más tiempo del debido en ejecutar los requerimientos judiciales contra el dirigente cocalero, situación que solo contribuye a que las amenazas hacia la seguridad de la población y la estabilidad del Estado continúen y se incrementen, así como la impunidad para aquellos que constantemente buscan vulnerar derechos e incumplir la ley como una forma de protesta.
Para Barral, una forma de que la dirigencia “evista” demuestre valor y convicciones sería encabezando las movilizaciones anunciadas para la siguiente semana; sin embargo, es improbable que ello ocurra debido a que se trata de grupos acostumbrados a movilizar gente con fines políticos y consignas ideológicas alejadas de la realidad nacional.
“Me gustaría que las movilizaciones anunciadas las encabece Evo Morales y sus dirigentes que constantemente amenazan e instigan a la delincuencia. No lo van a hacer porque estamos en un estado de excepción”, sostuvo.
En esa línea, Barral pidió que autoridades de gobierno hagan cumplir las restricciones propias del estado de excepción y se proceda como corresponde en el caso de aquellas personas que busquen generar convulsión e inestabilidad.
“Tienen que ser detenidos, procesados y encarcelados. Además, los que quieran ser utilizados para esto, deben darse cuenta de los peligros que conlleva dejarse utilizar por algunos dirigentes”, añadió el exparlamentario, asegurando que no vale la pena poner en peligro la integridad personal, la libertad y hasta la vida para beneficio de personas que solo solo buscan aprovecharse de sus bases para obtener favores y beneficios políticos.
Finalmente, Barral aseguró que si el Gobierno nacional, la Policía Boliviana, algún organismo internacional o país, se anima detener a Evo Morales, esta captura sería el final de todas las movilizaciones desestabilizadoras en el territorio nacional.
“Les aseguro que los problemas y las convulsiones sociales se terminan inmediatamente”, sostuvo.
Recientemente, el diputado oficialista Óscar García Hoyos, había pedido que autoridades de justicia y del Ministerio de Gobierno intervengan con firmeza para evitar posibles escenarios de convulsión social, además de procesar a todos los que llaman al conflicto con fines políticos, esto por los constantes anuncios de nuevas movilizaciones convocadas por el “evismo” y sus aliados políticos.
“Los que están amenazando con este tipo de temas deberían ser sometidos a investigaciones, como corresponde. Hay una denuncia y se tiene que seguir las reglas, que se hagan las investigaciones, y si corresponde, proceder con las respectivas aprehensiones. Es la justicia la que define todo eso”, aseguró García, cuestionando que sectores radicales nuevamente amenacen a la ciudadanía con violencia y confrontación, como estrategia de chantaje al Gobierno central.
Además, puntualizando que es imperativo garantizar el Estado de Derecho y la libre circulación en todo el país, pidió sanciones drásticas contra cualquier persona que amenace la estabilidad del Estado boliviano por motivaciones políticas, más si se toma en cuenta que rige un estado de excepción y el país busca recuperarse de pasadas medidas de presión que afectaron gravemente la economía de los bolivianos.
El legislador paceño recordó que existe respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que se ejecute una intervención en la zona del trópico cochabambino, esto para restituir la vigencia de la ley y la presencia del Estado en un territorio actualmente controlado por una dictadura sindical con serios señalamientos de tener vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.
La semana pasada, denunciando una supuesta persecución política contra dirigentes de organizaciones sociales, el dirigente cocalero Evo Morales afirmó que los sectores sociales que se movilizarán a partir del 6 de noviembre contra las medidas económicas del Gobierno, no podrán ser detenidas por la vigencia del estado de excepción ni por posibles acciones judiciales.
Según Morales, las dificultades que enfrentan algunos representantes sociales no frenarán la movilización de las organizaciones, por lo que existe confianza en que las bases asumirán la defensa de sus demandas, incluso sin el respaldo directo de sus dirigentes.
Desde el Ministerio de Gobierno, se denunció públicamente que las marchas y movilizaciones convocadas por el “evismo” para este mes no son pacíficas y tienen un trasfondo político destinado a desestabilizar y provocar la caída del Gobierno.
También se denunció que las demandas de bloqueadores y marchistas no responden a reivindicaciones sociales legítimas, sino que son impulsadas económicamente y bajo coerción desde el trópico de Cochabamba.
El pasado mes de octubre, el fiscal general interino José Armando Urioste, ratificó la vigencia de las órdenes de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y expresó su esperanza de que, en algún momento, los grupos de inteligencia y la fuerza pública las ejecuten conforme a ley.