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Caso Radares

Gobierno apela detención domiciliaria de Novillo

> Cuestionan anteriores prácticas del MAS en las que se usaban las detenciones de sus propios integrantes como una forma de distraer a la opinión pública, para después liberarlos meses más tarde.

El viceministro de Gestión Legislativa Wilson Santamaría, informó que el Gobierno presentó una apelación para revertir la detención preventiva que benefició al exministro de Defensa Edmundo Novillo, investigado por el caso radares. La exautoridad salió de dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) el sábado y se trasladó a Cochabamba para cumplir lo dispuesto por la autoridad judicial.
“Se ha presentado la documentación del caso, confiamos en que iba a ser valorada en la instancia jurisdiccional y, como no estamos de acuerdo, lo que se ha hecho es que el Ministerio de Defensa apele esa decisión”, explicó Santamaría.
El viceministro detalló que, por instrucción del presidente, una vez concluidos los procesos penales del exministro Novillo se deberán iniciar las acciones civiles correspondientes para exigir una reparación, si se comprueba la existencia de un daño económico.
“Tenemos que aprender a vivir y a convivir con la ley en la mano, más allá de que nos gusten o no nos gusten las decisiones de las autoridades jurisdiccionales”, agregó la autoridad, cuestionando anteriores prácticas del Movimiento al Socialismo en las que se usaban las detenciones de sus propios integrantes como una forma de distraer a la opinión pública, para después liberarlos meses más tarde.
“El MAS nos ha malacostumbrado a meter presos a sus compañeros para distraernos, tenerlos un par de meses y luego mandarlos de vacaciones. Eso en esta administración no va a ocurrir. Los procesos van a concluir hasta el final”, manifestó.
Novillo salió el pasado sábado de las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, de la Sede de Gobierno y se trasladó a Cochabamba, donde deberá cumplir la detención domiciliaria dispuesta por la autoridad judicial.
La investigación contra Novillo incluye tres presuntos delitos: contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
El caso se refiere a la compra de equipos para la instalación del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo. El daño económico sería superior a Bs 1.478 millones.
El proyecto fue adjudicado en 2016 por más de 191 millones de euros a la empresa francesa Thales Air Systems. La compañía debía dotar al país de 13 radares civiles y militares, centros de control, sistemas de comunicación, infraestructura, software, capacitación y transferencia tecnológica.
De los 13 radares instalados, dos funcionaban sin observaciones, nueve operaban con reparos técnicos y otros dos estaban fuera de servicio.
Aunque el contrato establecía un plazo de 31 meses para implementar el sistema, se firmaron siete modificaciones contractuales. La demostración final se realizó aproximadamente 98 meses después de la contratación.
Además de Novillo, son investigados los exministros de Defensa Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, autoridades en la gestión de Evo Morales, y Fernando López, quien ocupó el cargo durante la administración de Jeanine Añez. (Brújula Noticias)

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