Exigen sanciones drásticas contra legisladores señalados por EEUU

Luego del remezón político provocado por la publicación de una nueva lista de personas a las que el Gobierno de los Estados Unidos restringió la visa de ingreso a su territorio, el expresidente Jorge Quiroga, el líder de la principal fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), exigió sanciones drásticas, rápidas y efectivas contra aquellos parlamentarios señalados por supuestos actos de corrupción.
El listado con 15 nombres, en el que se incluye a dos diputados, un exfiscal general, exfiscales departamentales, un fiscal coordinador, jueces y exautoridades policiales, fue hecho público a través de un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el marco de la campaña contra la corrupción y el narcotráfico que el país del norte lleva realizando en coordinación con gobiernos aliados. La restricción del visado también alcanza a los familiares directos.
En la nota además se explica que las medidas asumidas son parte del compromiso adquiridos por los socios en la Cumbre de Doral celebrada el pasado mes de marzo y en la declaración de los líderes del Escudo de las Américas del 22 de septiembre.
“Dicha política se dirige contra los ciudadanos extranjeros que, mediante actividades de corrupción o de narcotráfico, socavan los gobiernos elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, independientemente de su afiliación política. La Administración Trump apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”, resalta la nota.
A través de una carta dirigida a la presidencia de la Cámara de Diputados, el expresidente Jorge Quiroga, líder de la alianza Libre, afirmó que la denuncia y la información compartida por el gobierno norteamericano confirma varias versiones y sospechas que circulaban respecto a los parlamentarios aludidos por el Departamento de Estado, lo que hace necesaria y urgente su separación de la Asamblea Legislativa.
“Si la Asamblea separó a un Senador y a un Fiscal General con celeridad y prontitud, pues ahora demandamos que se actúe de la misma manera”, expresó.
Según Quiroga, después de veinte años de connivencia con el narcotráfico, corrupción, erosión institucional, prebendalismo, oportunismo y transfugios vergonzosos, el país tiene la oportunidad de cambiar, enterrando esas viejas prácticas.
“El narcotráfico y la corrupción son cánceres que carcomen nuestro país, socavan las instituciones y destruyen la imagen nacional. Los narcos y corruptos siempre buscan impunidad controlando o sobornando jueces y fiscales, después cooptando autoridades, parlamentarios y políticos para conformar un entramado de impunidad. Cuando la justicia, integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional que encubren en lugar de fiscalizar, o autoridades del Ejecutivo socapan y protegen al narcotráfico y a la corrupción, es cuando terminamos con un Estado fallido”, sostuvo la exautoridad.
Asimismo, insistió en la necesidad de aplicar medidas drásticas, rápidas y efectivas, similares a la postura asumida por la Asamblea Legislativa cuando el gobierno norteamericano denunció la estructura corrupta enquistada en la cúpula del Ministerio Público. En este caso, apelando a la misma drasticidad para cualquier funcionario o asambleísta, sobre todo de la alianza Libre.
“Como depositarios del respaldo de casi 3 millones de ciudadanos, que nos votaron para cambiar radicalmente el país, siempre honraremos esa confianza y no vamos a permitir que se la traicione prebendalizando a la Asamblea con pegas, contratos o dádivas; ni protegiendo a malhechores, u operadores judiciales del narcotráfico, en lugar de fiscalizarlos; ni avergonzando nuestro proyecto con apariciones públicas en estado inconveniente que hubiesen ameritado la despedida sumaria de un funcionario designado”, agregó.
La nota remitida al presidente de la Cámara Baja, Roberto Castro, es firmada también por el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien ya había aludido a López como un “busca pegas” tras la elección de una nueva jefa de bancada para esa alianza opositora.
El comunicado del Departamento de Estado fue acompañado por un mensaje del subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, quien mencionó la palabra “corrupción”, a diferencia de la anterior nómina difundida el 28 de septiembre, cuando la administración de la Casa Blanca habló de colaboración directa con el narcotráfico, en referencia al entonces fiscal general Roger Mariaca.
“Para proteger la estabilidad regional es necesario fomentar la rendición de cuentas de los responsables de actos de corrupción. Al imponer restricciones de visado a dichos individuos, estamos apoyando los esfuerzos que se están llevando a cabo en Bolivia y Colombia para erradicar la influencia ilícita en los tribunales, la policía y los órganos legislativos”, escribió Segura en una publicación compartida por la Embajada de EEUU en Bolivia.
Tras la restricción de visa oficializada por el Departamento de Estado de EEUU, el diputado Rafael López emitió una escueta declaración en sus redes sociales. “Por respeto a los procedimientos, no especularé sobre los motivos de esta determinación hasta contar con información oficial completa”, dijo el parlamentario.
El diputado por Santa Cruz armó un bloque dentro de alianza Libre para ser reelecto como jefe de bancada. Sin embargo, otra facción de ese frente, con respaldo de Quiroga, designó a la diputada potosina Lissa Claros en ese cargo.
Otro diputado señalado en la lista de EEUU es Rolando Pacheco de alianza Popular, el frente que postuló al exsenador y dirigente cocalero Andrónico Rodríguez en las pasadas elecciones generales.