El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó sobre la presentación de una querella penal contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros de esa cartera, por presuntas irregularidades en el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta), cuyo posible daño económico supera los Bs 1.478 millones.
La acción legal fue presentada ante el Ministerio Público con el respaldo técnico-jurídico de la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Viceministerio de Transparencia. El objetivo es investigar las decisiones tomadas durante la contratación y ejecución del proyecto, además de establecer las responsabilidades que correspondan.
El sistema fue adjudicado en 2016 por más de 191 millones de euros a la empresa francesa Thales Air Systems, bajo la modalidad llave en mano. El contrato contemplaba 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica para la vigilancia del espacio aéreo boliviano.
Al cuestionar los resultados de la contratación, Justiniano señaló que el Estado debía recibir una infraestructura integrada y en funcionamiento. “Bolivia pagó por un sistema completo funcionando”, afirmó el ministro.
Sin embargo, la auditoría interna identificó observaciones en 11 de los 13 radares: nueve operaban con reparos técnicos y dos estaban fuera de servicio; solamente dos funcionaban sin observaciones. Estos resultados se registraron pese a que el proyecto reportaba un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
También se observaron demoras en la ejecución. El plazo inicial de 31 meses fue ampliado a 82 meses mediante siete modificaciones contractuales, suscritas durante cuatro gestiones ministeriales. La demostración final se realizó aproximadamente 98 meses después de emitida la orden de proceder. La auditoría, además, observó aspectos del proceso de contratación y de las condiciones de ejecución y recepción del sistema.
El posible daño económico fue cuantificado en más de Bs 1.478 millones. El procurador general del Estado, Hugo César León La Faye, confirmó el respaldo de su institución a la querella y anunció que se solicitará al Ministerio Público investigar el caso y disponer la anotación preventiva de bienes de los denunciados.
“Lo que debe quedar claro es que el daño económico inicialmente cuantificado es de 1.478 millones de bolivianos”, manifestó León, al explicar que las medidas buscan proteger el patrimonio estatal y posibilitar una eventual recuperación de recursos, si corresponde legalmente.
Entre los denunciados están los exministros Reymi Ferreira, Javier Zavaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo. Según los antecedentes presentados, Ferreira firmó el contrato original y las dos primeras modificaciones; Zavaleta, la tercera y cuarta; López, la quinta; y Novillo, la sexta y séptima. La querella también alcanza a exfuncionarios, responsables técnicos y representantes de la empresa contratista.
La acción penal contempla los posibles delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Justiniano sostuvo que la investigación debe establecer las actuaciones y responsabilidades individuales, sin anticipar culpabilidades.
“No habrá encubrimiento. Tampoco habrá condenas anticipadas. Habrá investigación, debido proceso y defensa firme del patrimonio del Estado”, manifestó el ministro.