Marco Rojas lleva 21 días intentando completar una carpeta. No está buscando comprar una segunda vivienda ni invertir en un inmueble. Busca recuperar el techo que perdió el 24 de junio, cuando el doblete sísmico que sacudió La Guaira dejó inhabitable su edificio en Tanaguarena, parroquia Caraballeda.
Mientras intenta acceder a uno de los créditos anunciados a través del Plan Venezuela Renace, Marco vive temporalmente con su esposa y sus dos hijos en una habitación cedida por una familia amiga, que les abrió su casa. En medio de esa nueva realidad, dedicó las últimas semanas a reunir documentos, acudir a oficinas y volver al banco con una carpeta que, según relata, parece nunca estar completa.
«No creo que sea imposible, porque me animé a meter la carpeta. Tengo un amigo al que el crédito le fue preaprobado, así que pensé en probar suerte», contó.
Pero probar significó enfrentarse a un proceso que califica de engorroso. «Cada vez que uno introduce la carpeta piden un documento nuevo: que si la cédula catastral del apartamento que se va a comprar, los documentos de la casa con muchas especificaciones. Las cosas no se hacen en la velocidad que uno necesita», relató.
A la demora propia de los trámites se suma, según Marco, la falta de información uniforme. Un RIF que debe presentarse en un formato determinado, una carta catastral vencida o un documento adicional pueden devolver el expediente al punto de partida.
«Hay mucha burocracia frente a estos créditos y eso es lo que hace que no tengamos acceso», sostiene.
El caso de Marco no es aislado. El Pitazo entrevistó a 25 personas afectadas por los terremotos que se encuentran en proceso de solicitar un crédito mediante el Plan Venezuela Renace. También consultó a especialistas del sector inmobiliario, agentes que acompañaron a damnificados durante el proceso y propietarios que buscan vender sus inmuebles a quienes esperan utilizar el financiamiento. También se logró consultar a 11 afectados por los sismos que lograron la preaprobación del banco. Al menos dos de ellos ya cerraron la compra – venta de su nuevo inmueble.
La reportería permitió identificar un problema que se repite entre los testimonios: no existe un procedimiento estándar que todos los damnificados puedan seguir de principio a fin. Los requisitos y obstáculos dependen, entre otros factores, del tipo de edificación, de la información registrada previamente en el censo de Venezuela Renace y del banco al que acuda el solicitante.
«No hay una forma estándar para hacer la solicitud del crédito de Venezuela Renace y allí siento que hay una gran debilidad. Lo otro es que se le otorgó a la banca la responsabilidad de aprobar estos créditos y se está siendo muy riguroso», explica un asesor inmobiliario que accedió a conversar con El Pitazo solicitando la reserva de su identidad.
La fuente explicó, que muchas víctimas que perdieron su vivienda, no precalifican para ser beneficiarios. «No puedes ser mayor de 65 años, debes poder comprobar ingresos fijos mensuales superiores a los $800, tener movilidad bancaria, referencias crediticias recientes y como agregado, tener al día toda la documentación de su propiedad. la situación país, limita mucho esto».
El experto agrega que a esto se le suma la solicitud de documentos en diversos entes: Saren, Seniat, Catastro Municipal, Ministerio de Vivienda y Hábitat, que no están en la misma sintonía.
ETIQUETA ROJA
Uno de los principales obstáculos aparece incluso antes de comenzar formalmente el trámite bancario: demostrar la condición de la vivienda que se perdió.
En La Guaira hay propietarios cuyos edificios fueron identificados con etiqueta roja y que, de acuerdo con sus testimonios, recibieron dos o tres inspecciones de ingenieros. Sin embargo, sus estructuras continúan físicamente en pie y no cuentan con un certificado que acredite el colapso.
Esa diferencia tiene consecuencias para quienes intentan acceder al financiamiento.
El Pitazo conversó con propietarios de los edificios Palmilla, El Barco, Agua de Coco, Los Vikingos, Los Bucaneros y El Jurel, ubicados en Playa Grande. Los afectados explicaron que sus inmuebles permanecen en pie, pero fueron considerados de alto riesgo después de los terremotos. Al no figurar como edificaciones colapsadas en los registros correspondientes, aseguran que encuentran dificultades para avanzar con la solicitud del crédito.
«No hemos podido ni comenzar el trámite bancario, porque no ha habido forma de conseguir la certificación de vivienda colapsada, a pesar que es público y notorio que nuestro edificio no está apto. Hemos ido a tres entidades bancarias y nos dicen que sin ese registro es imposible, a pesar de la etiqueta roja. También hemos ido a las sedes de Chacao y El Rosal del Ministerio de Vivienda: luego de tres o cuatro horas, te dicen que hagas una carta para cambiar la clasificación en el sistema y no pasa nada», apuntó Estefanía Viloria, vecina de Playa Grande.
Para quienes están en esta situación, la espera de una nueva inspección, una certificación o la actualización de un registro puede significar más tiempo sin una vivienda propia o perder la oportunidad de concretar una compra que haya sido previamente acordada.
DOCUMENTACIÓN
Una vez superada la condición de la vivienda, aparece otro desafío: reunir los documentos exigidos.
Entre los papeles que, según los testimonios recogidos, presentan mayores dificultades están la cédula catastral, principalmente en el caso de inmuebles privados, y el certificado de adjudicación, cuando se trata de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela.
La historia de Angie Cantillo muestra hasta dónde puede llegar este problema.
Cantillo vivía en el urbanismo Hugo Chávez en Playa Grande. Cuando el edificio colapsó durante los terremotos, perdió también los documentos que acreditaban su vivienda. Desde entonces acudió al Ministerio de Vivienda y al Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (Banavih) en busca del certificado de adjudicación, pero asegura que no puede obtenerlo.
La situación adquiere mayor complejidad porque, según explicó Cantillo, se señaló públicamente que los beneficiarios de la Misión Vivienda también pueden optar al financiamiento del Plan Venezuela Renace.
«En nuestro caso no se presenta el registro de vivienda registrado por el Saren, sino los documentos en donde esté el registro del censo, el RIF con la dirección de la Misión Vivienda y el aval del consejo comunal. Todo esto lo tengo; sin embargo, el banco me dice que no me puede dar respuesta hasta que Banavih le confirme que yo fui adjudicada», explicó.
El caso evidencia una de las contradicciones que enfrentan algunos damnificados: documentos que fueron destruidos o quedaron inaccesibles precisamente como consecuencia del terremoto son requeridos posteriormente para demostrar la situación habitacional de la persona afectada.
Otro cuello de botella está relacionado con las viviendas que los damnificados buscan comprar.
Mario Álvarez perdió su apartamento en un edificio en Macuto, cuenta con una preaprobación crediticia y ya tiene identificada una vivienda que podría adquirir mediante el crédito. Sin embargo, espera por una cédula catastral actualizada del inmueble.
El documento debe ser emitido por la Alcaldía del municipio Vargas y estar actualizado, además de encontrarse al día con los impuestos municipales.
La gestión ocurre, además, en un contexto de reducción de la jornada laboral de la administración pública por el plan de ahorro energético. Funcionarios municipales confirmaron a El Pitazo que la dependencia encargada puede recibir semanalmente entre 15 y 20 solicitudes de cartas catastrales, pero escasamente entregan entre cinco y seis.
«La limitación de horarios convierte un trámite administrativo en otro punto de espera para quienes necesitamos completar la documentación requerida para una operación de compra», se queja Álvarez.
CONSTANCIA Y PACIENCIA
Sin embargo, a pesar de los obstáculos, se pudo confirmar cierres crediticios exitosos en el marco del Plan Venezuela Renace. Los casos que sí lograron avanzar muestran, además, que existen distintas rutas para llegar al financiamiento. De las 11 víctimas de los terremotos consultadas por El Pitazo que ya concretaron sus créditos, seis lo hicieron con el acompañamiento de agentes inmobiliarios y cinco realizaron las gestiones por cuenta propia.
La diferencia no necesariamente determina el resultado, pero evidencia que algunos damnificados recurrieron a intermediarios con conocimiento del mercado inmobiliario y de los trámites para sortear las dificultades que encuentran en el camino.
«Hay muy mala información, no hay un criterio único y todo eso atenta contra el tema de los trámites de los créditos para los afectados de los terremotos. Además, debo confesar que hay muchísima desconfianza. En mi caso fue un acuerdo con el comprador. Si el Estado no me paga, tendrás que hacerlo tú, le dije y él aceptó. Sin embargo, firmamos y en menos de tres días se dio la cancelación del inmueble», contó a El Pitazo una propietaria que vendió un apartamento en Caracas.
En los 11 casos consultados por El Pitazo para este reportaje, la cancelación del inmueble fue hecha en divisas (dólares americanos) de manera directa al vendedor. Los bancos a los que acudieron estos casos fueron el Banco del Tesoro, el Banco de Venezuela y el Banco Nacional de Crédito.
«Pedir paciencia a familias afectadas por el doble terremoto puede resultar odioso, pero es necesario para poder avanzar en la consecución del crédito. A quienes lo ven imposible, nada se pierde con intentarlo, teniendo claro que se debe cumplir con una serie de requisitos engorrosos en muchos casos, pero que puede traer un buen resultado. En nuestro caso pasamos días de miedo e incertidumbre, pero ya se firmó el compromiso de compra–venta y volver a tener techo, bien vale las incomodidades», explicó Luis García, uno de los beneficiarios del programa crediticio, que adquirió una nueva vivienda en Guacara, en el estado Carabobo.(El Pitazo)