Ley “antibloqueos” divide a legisladores

Ante algunas versiones que denuncian una supuesta distorsión del proyecto de ley contra los bloqueos, recientemente aprobada por la Comisión de Justicia Plural de la Cámara Baja, el diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, pidió a quienes cuestionan la norma dejar de especular y acompañar su debate en las instancias correspondientes.
En conferencia de prensa, el legislador representante del departamento de La Paz informó que se solicitó una reconsideración de la normativa, no por su contenido sino por algunas falencias en el proceso de socialización y en temas como las penas que se disponen en la norma en caso de que las personas incurran en bloqueos.
“Al final, esto se va resolver en un debate, quienes observan el contenido de la norma tienen todo el derecho de pedir una reconsideración dentro de las 48 horas, lo han hecho de esta forma y seguramente tras un análisis y votación en la comisión, esta norma continuará su proceso de tratamiento legislativo”, dijo.
Consultado sobre los cuestionamientos por una supuesta distorsión en los contenidos del proyecto de ley, en cuanto a las sanciones para autoridades y que a través de la norma se estarían promoviendo bloqueos, Rojas atribuyó dichas apreciaciones a la especulación y falta de acompañamiento de algunos parlamentarios al proceso de análisis normativo.
“Hasta este momento se está redactando el articulado de la ley. Están especulando porque ni siquiera han leído la norma. Me parece peligrosa y tendenciosa esa actitud, no es solo presentar propuestas y luego olvidarse de hacer un seguimiento de su avance en comisión”, cuestionó Rojas.
Esta semana, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano, en el que se establecen penas para quienes bloqueen rutas y responsabilidades para autoridades que no atiendan conflictos dentro de sus competencias.
Diputados como Carlos Alarcón e Israel Mérida observaron el contenido del proyecto aprobado, señalando que el texto modificado, en lugar de establecer medidas efectivas contra los bloqueos, podría favorecer a quienes recurren a esa medida de presión. Se cuestiona que el proyecto contemple sanciones para ministros y otras autoridades cuando no hubieran dado respuesta a las demandas planteadas por sectores sociales.