La Policía de Thames Valley reconoció ante el Tribunal Superior que las órdenes utilizadas para registrar los domicilios de Andrew Mountbatten-Windsor en febrero fueron emitidas bajo una base legal incorrecta y, por tanto, deben ser anuladas.
El expríncipe fue detenido el 19 de febrero por sospechas de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas y posteriormente impugnó la legalidad de los registros, en los que fueron incautados documentos y dispositivos electrónicos.
El juez Hilliard aclaró que anular las órdenes no afecta la investigación penal, que continúa abierta.
La policía mantiene bajo custodia el material incautado y deberá demostrar ante un juez que tiene un valor sustancial para la investigación y que puede conservarlo mediante otras facultades legales.
Una nueva audiencia, prevista para 2027, determinará si las pruebas podrán mantenerse y utilizarse en el proceso. (Agencias)