El costo de volar en el monopolio

El anuncio del Gobierno sobre la liberación total de aranceles y la aplicación de una alícuota cero al Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD) para la importación de gasolina de aviación grado 100 hasta finales de 2027 se presenta como un salvavidas para el sector aeronáutico. Al permitir que privados importen este combustible con precios de mercado, el Ejecutivo intenta mitigar el desabastecimiento crónico que estrangula la conectividad del país. Sin embargo, detrás del alivio arancelario se esconde un fundado temor ciudadano: que esta medida, al indexar el insumo a valores internacionales, termine por disparar aún más el costo de los pasajes aéreos, en desmedro del bolsillo de los usuarios.
Atribuir el encarecimiento del transporte aéreo exclusivamente al precio internacional del combustible es evadir el fondo del asunto, es no ver el problema más importante. Y es que el verdadero problema estructural de la aviación comercial en el país no radica en las fórmulas de importación, sino en el monopolio absoluto que ejerce Boliviana de Aviación (BoA). Al operar en un mercado cautivo y protegido por el aparato estatal, la aerolínea bandera carece de incentivos reales para mejorar su eficiencia operativa o sus tarifas. La ausencia de una competencia abierta y real condena a los pasajeros a soportar un servicio crónico de demoras, reprogramaciones intempestivas y maltrato al usuario, todo esto pagando tarifas elevadas que no condicen con la calidad recibida.
Si en Bolivia operaran con libertad otras empresas aeronáuticas, habría competencia y las aerolíneas competirían ofreciendo mejores servicios y mejores precios para los usuarios. Hoy, viajar en avión por el interior es muy costoso; por ejemplo, ir a La Paz a Tarija o de Santa Cruz a La Paz resulta siendo un ojo de la cara. En países vecinos, como Argentina o Chile, los boletos aéreos para destinos del interior compiten y tienden a ser baratos. Mas como en Bolivia solo hay una aerolínea que monopoliza los viajes a los destinos del interior, aquella es mediocre y decadente, al mismo tiempo que cobra lo que quiere. Esta realidad es el resultado de una política estatista que satanizó al privado absurdamente, impidiendo la inversión de capitales extranjeros y privados y aislando a Bolivia de los mercados internacionales y la sana competencia de mejores precios y servicios.
La liberación de aranceles será una medida estéril si no se acompaña, primero, de una política agresiva de cielos abiertos que atraiga a nuevos operadores internacionales y estimule el mercado interno, y, segundo, de una reforma judicial que dote a la justicia de calidad y reputación. Mientras el Estado continúe blindando a una empresa deficiente e impidiendo la libre competencia que regula los precios a favor del consumidor en otros países, viajar en avión seguirá siendo un lujo costoso y frustrante. Bolivia necesita competir, no solo desgravar.