El juicio por la toma militar del 26 de junio de 2024 avanzó ayer con las declaraciones del expresidente Luis Arce y del exviceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, mientras el tribunal emitió órdenes de aprehensión contra tres exautoridades convocadas como testigos que no se presentaron a la audiencia: Eduardo Del Castillo, Roberto Ríos y Edmundo Novillo.
Aguilera fue convocado como testigo de descargo por la defensa del excomandante del Ejército Juan José Zúñiga. Durante su declaración, el exviceministro sostuvo que en los hechos del 26 de junio no hubo golpe de Estado, alzamiento armado ni terrorismo, según informó el abogado, Eduardo León.
También fue cuestionado por no poder explicar las aprehensiones de militares posteriores a esos acontecimientos. León afirmó que las respuestas de Aguilera presentaban contradicciones y sostuvo que, de mantenerse, podrían constituir falso testimonio.
“Jhonny Aguilera ha declarado que no hubo golpe de Estado, que no hubo alzamiento armado, que no hubo terrorismo en Bolivia y no sabe explicar por qué se ha aprehendido a los militares”, afirmó León.
Aguilera rechazó esa interpretación y sostuvo que los hechos no llegaron a constituir un golpe porque las fuerzas de seguridad impidieron el ingreso del contingente militar al Palacio de Gobierno. También atribuyó a la reacción de la población parte de la respuesta que frenó el despliegue.
“El golpe no ha existido porque Zúñiga no se hizo cargo del poder”, sostuvo Aguilera, quien además señaló que durante los acontecimientos el exgeneral habría planteado remover ministros y liberar a personas privadas de libertad por motivos políticos. Aclaró que el Código Penal contempla otras figuras delictivas vinculadas con los hechos, entre ellas el alzamiento armado.
El arresto que Aguilera cumplió durante el cuarto intermedio terminó después de que concluyera su declaración. La exautoridad explicó que se trató de una medida cautelar preventiva para evitar que tuviera contacto con otras personas mientras prestaba testimonio y que este pudiera ser “contaminado”.
“El arresto es una medida cautelar, es una medida preventiva para no interrumpir el proceso del juicio”, explicó Aguilera al abandonar el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Con su testimonio concluido, el exviceministro dejó las dependencias judiciales y la audiencia continuó con los demás actuados previstos.
Entre los convocados también estuvo el expresidente Luis Arce, quien acudió como testigo de descargo de Zúñiga. El exmandatario llegó al Palacio de Justicia en una ambulancia procedente del Hospital Arco Iris e ingresó en silla de ruedas para prestar declaración sobre los acontecimientos del 26 de junio de 2024, cuando todavía ejercía la Presidencia.
Al finalizar la jornada, la defensa de Zúñiga cuestionó el testimonio de Arce y sostuvo que el expresidente no aportó elementos relevantes sobre los hechos investigados. Eduardo León afirmó que el exmandatario no recordó aspectos sustanciales del caso y cuestionó que durante su comparecencia no se hubieran realizado mayores preguntas.
Zúñiga, por su parte, sostuvo que las declaraciones recibidas durante la audiencia favorecen la versión de su defensa sobre la inexistencia de un golpe de Estado. Afirmó que varios testigos señalaron que los hechos no les constaban directamente y que algunos conocieron lo ocurrido principalmente por imágenes difundidas por televisión.
“Casi todos los testigos (…) indican que no hubo golpe de Estado, no les consta”, sostuvo Zúñiga. El exgeneral aseguró que continuará con la presentación de pruebas para demostrar su inocencia y cuestionó que militares de menor rango hayan sido investigados y procesados por lo ocurrido.
Para esta jornada fueron convocados 22 testigos. Además de Aguilera y Arce, estaban citados el exministro de Defensa Edmundo Novillo, el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo y el exviceministro de Seguridad Ciudadana Roberto Ríos, entre otras personas.
Del Castillo no se presentó ante el tribunal. Según León, el exministro presentó un memorial, pero no logró justificar su ausencia, por lo que se emitió un mandamiento de aprehensión en su contra.
El abogado informó además que las órdenes alcanzaron a Novillo y Ríos, quienes tampoco acudieron a las citaciones de manera reiterada. Novillo, sin embargo, rechazó esa versión y afirmó que no había sido notificado para declarar como testigo.
“Están prófugos, Novillo está prófugo. Del Castillo presentó un memorial, pero no ha podido justificar por lo que se emitió una orden de aprehensión, al igual que Ríos”, afirmó León.
Por su parte, Novillo publicó un documento del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y sostuvo que la Oficina Gestora de Procesos tiene jurisdicción de notificación en la ciudad de La Paz, mientras que su domicilio figura en Cochabamba. Aseguró que está dispuesto a comparecer ante la justicia una vez que reciba una notificación conforme a las formalidades legales.
Tras el cierre de la audiencia, la defensa de Zúñiga anunció que pedirá al tribunal que se pronuncie sobre el mandamiento de aprehensión solicitado contra Novillo. También informó que para la siguiente jornada están previstas nuevas declaraciones, entre ellas las de un excomandante general de la Policía y un exjefe de la Casa Militar.