Durante el acto de reconocimiento del Órgano Ejecutivo al nuevo fiscal general del Estado, interino, José Armando Urioste, el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, criticó la histórica sumisión del Órgano Judicial a la presión política, económica y del crimen organizado, adelantando que la justicia boliviana ya no operará bajo la sombra de la impunidad ni la ignorancia del mundo.
“La justicia fue percibida demasiadas veces como instrumento de intereses políticos, económicos y claramente criminales”, manifestó el mandatario en su discurso pronunciado en el hall de Palacio Quemado.
El primer mandatario hizo referencia a la apertura internacional de Bolivia y la firma de acuerdos estratégicos bilaterales y multilaterales como un paso fundamental que va consolidando sus primeros resultados positivos en la seguridad de la región.
“Bolivia ya no es más una isla donde el mundo no participaba ni sabía de lo que ocurría y unos cuantos jueces o fiscales ordenaban”, remarcó Paz.
Mencionó además que, tras la reciente incorporación de Perú y Uruguay al bloque de seguridad inicialmente conformado por Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay, se ha fortalecido un frente común en el Cono Sur. Esta alianza, sumada al pacto del “Escudo de las Américas”, constituye una estrategia de lucha abierta contra el crimen organizado transnacional que ya empieza a rendir frutos tangibles en el continente.
Asimismo, calificando como deficiente y corrupto al sistema judicial actual, la primera autoridad del Estado boliviano afirmó que es momento de iniciar una transformación profunda que vaya más allá de cambiar simples nombres, con el objetivo de crear una justicia real para los ciudadanos.
“Tenemos una justicia que actúa solo para perseguir a aquellos que tienen recursos con los cuales puedes extorsionar o buscar sentencias. Eso se tiene que transformar en Bolivia”, enfatizó.
El mandatario extendió un agradecimiento al Órgano Legislativo por la aprobación de créditos destinados a la reactivación económica y de leyes orientadas a la institucionalidad del Estado, calificando estas decisiones como esfuerzos por una mejorar la calidad de vida para los bolivianos y acciones para sentar las bases del fortalecimiento en el Ministerio Público.
Paz identificó cuatro desafíos para la nueva autoridad judicial, recuperar la institucionalidad y la credibilidad, garantizar la independencia e iniciar una transición hacia una transformación profunda del Ministerio Público.