Recordando que exautoridades del Ministerio Público, cuestionadas y destituidas por supuestos actos de corrupción y relacionamiento con el narcotráfico, fueron designadas por un Parlamento con fuerte representación del Movimiento al Socialismo (MAS), hecho que derivó en una subordinación al poder político con fines ilícitos, el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, aseguró que se han distorsionado los nobles y altruistas objetivos para los que fue creada esta institución.
A través de sus redes sociales, la exautoridad defensorial observó con preocupación que un comunicado emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos con una lista de personas cuya visa fue revocada, mismo que provocó varias destituciones en altas esferas del Ministerio Público, haya sido cuestionado y hasta rechazado por algunos sectores bajo el argumento de una supuesta intromisión en asuntos internos del país, pese a la gravedad de los delitos a los que se hace referencia.
“Cabe enfatizar que, si sólo se tratara de meros actos de corrupción, no acontecería el pronunciamiento de los Estados Unidos, pero estamos hablando de un crimen que además de tener alcance internacional, es considerado de lesa humanidad por el daño y consecuencias que genera a grandes colectivos humanos y el efecto directo en contra de la sociedad norteamericana, ahí radica el interés del país del norte, motivo por el que no se puede hablar de intromisión”, puntualizó Albarracín.
En su criterio, los actos denunciados deben generar una reflexión profunda respecto al funcionamiento del Ministerio Público en toda su estructura nacional, más aún si su primera autoridad es denunciada por un país que, antes de hacer una acusación por corrupción y narcotráfico debe investigar y acudir a fuentes de información solventes.
Según el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, el Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Eso significa que, por mandato constitucional la Fiscalía, desde su máxima autoridad nacional, los fiscales departamentales y todos los fiscales que prestan servicios en el país, deben estar comprometidos con los intereses legítimos de la ciudadanía y ser promotores de la respectiva acción penal contra los que cometen delitos, hasta lograr una sanción.
Para Albarracín, la realidad es muy distinta a lo que dispone el texto de la CPE, pues acontece exactamente lo contrario cuando se suscita la comisión de un acto delictivo.
“Dependiendo del peso político o económico del autor del hecho criminal, los fiscales evalúan la posibilidad concreta de lograr una ventaja económica, extorsionando al autor del delito a cambio de dinero, porque la impunidad del delincuente tiene un precio, no interesando la situación de la víctima o sus familiares. Entonces esa misión que le confiere la norma superlativa queda absolutamente distorsionada”, explicó el exdefensor, apuntando que este tipo de prácticas y comportamientos no corresponden a todos los miembros de la Fiscalía, donde también existen profesionales que actúan con probidad.
Sin embargo, cuando el flagelo de la corrupción invade el despacho de la máxima autoridad, este fenómeno repercute o baja como en cascada hacia las demás dependencias, pasa por las fiscalías departamentales y se extiende hacia toda la estructura nacional.
“Hoy podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el Ministerio Público es una entidad podrida y que no representa para nada ni preserva los intereses de la sociedad, por consiguiente, si por un lado se tiene una Fiscalía que solo sirve a los que tienen influencia política o económica, y por el otro un sistema judicial con similares características, es lógico que la ciudadanía boliviana se encuentra en completo estado de indefensión”, explicó.
Según Albarracín, si se habla de la actual situación del Ministerio Público, es importante identificar responsabilidades y recordar que las autoridades de esta instancia judicial no se autonombran, sino son resultado de una designación promovida por una mayoría en la ALP. En este caso, fue el Movimiento al Socialismo el que catapultó a Roger Mariaca y lo ató a su proyecto político para fines ilícitos.
“De esta forma se han distorsionado absolutamente los nobles y altruistas objetivos para los que fue creada la institución”, lamentó.
Afirmando que no fue solo en los gobiernos del MAS que se catapultaron en el cargo a personas “nada recomendables”, sino que esta práctica también caracterizó a los gobiernos denominados neoliberales, Albarracín advirtió que el problema es antiguo y debe ser atribuido al conjunto de la sociedad política boliviana.
“Aún persiste la obsesiva intención de promover la designación de personas no idóneas antes que gente capaz, con ética profesional en tan importantes funciones, el país y particularmente la ciudadanía, no debe renunciar a la aspiración legítima de transformar el Ministerio Público, promoviendo un cambio estructural, en aras de que en adelante cumpla la sagrada misión de defender los intereses de la sociedad, así como ejercer la persecución penal con vocación de justicia y convicción democrática”, finalizó.