El bloqueo a los rellenos sanitarios y botaderos en La Paz, El Alto, Cochabamba y otras regiones del país por parte de comunarios o trabajadores se ha transformado en una costumbre tan recurrente como peligrosa. Lo que suele presentarse como una medida de presión o protesta social se convierte, en la práctica, en un atentado directo y deliberado contra la salud y la calidad de vida de millones de ciudadanos.
Cuando el servicio de recojo y disposición final de residuos se interrumpe —como ocurrió recientemente durante 14 días en La Paz, o como sucede de manera cíclica en el botadero de K’ara K’ara en Cochabamba—, las consecuencias no son teóricas ni lejanas. Toneladas de desechos quedan expuestas en las vías públicas, desperdigadas por los perros y el viento, convirtiendo esquinas y avenidas en focos de infección, enfermedades y contaminación ambiental.
A esta violencia urbana se suma la preocupante incapacidad de las autoridades —municipales y nacionales— para prever, negociar y resolver estos conflictos con la rapidez que una emergencia sanitaria exige. La lentitud y la ineficiencia institucional terminan siendo cómplices de crisis que ponen en riesgo a familias enteras.
Ningún derecho a la protesta, ningún reclamo sectorial o vecinal puede estar por encima del derecho colectivo a la salud y a un medio ambiente sano. Bloquear los depósitos de basura no es una simple medida de presión; es un acto de fuerza que vulnera derechos fundamentales.
Por esta razón, resulta imprescindible que la Asamblea Legislativa adopte una ley nacional que prohíba de manera tajante la paralización o el bloqueo de los servicios de gestión de residuos sólidos y saneamiento básico. Esta tipificación debe acompañarse de sanciones efectivas para que la salud de toda una población deje de ser utilizada como ficha de cambio o rehén de disputas políticas e intereses particulares. La salud pública no se negocia ni se bloquea.
El autor es periodista.