El Ministerio Público solicitó seis meses de detención preventiva para el exfiscal general Roger Mariaca, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y el fiscal Martín Irusta, dentro de la investigación por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal. La misma medida fue requerida para el mayor de la Policía Rubén Aparicio.
La Fiscalía planteó que Mariaca y Zeballos sean recluidos en el penal de San Pedro, mientras que Irusta y Aparicio sean enviados a Patacamaya, ambos recintos ubicados en el departamento de La Paz. La solicitud será analizada por un juez en una audiencia de medidas cautelares, instancia en la que se definirá la situación jurídica de los cuatro investigados.
De acuerdo con la imputación, el Ministerio Público atribuye provisionalmente a los cuatro investigados la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, además de organización criminal. Los fiscales a cargo del caso sostienen que existen elementos que sustentan la probabilidad de autoría y riesgos procesales de fuga y obstaculización.
La Fiscalía argumenta que todavía existen actos investigativos pendientes y que la detención preventiva permitiría garantizar el sometimiento de los imputados al proceso, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley. El documento también establece que los cuatro se encuentran en calidad de aprehendidos y solicita que se fije día y hora para la audiencia cautelar.
Por otra parte, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó ante la Asamblea Legislativa que la imputación menciona posibles mecanismos de protección institucional y hace referencia a información de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), material audiovisual e informes policiales.
Oviedo también señaló que la investigación vincula a los cuatro imputados con actividades relacionadas con el tráfico de sustancias controladas y mencionó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset. Según la autoridad, uno de los elementos incorporados a las pesquisas son videos en los que Marset hace referencia a supuestos pagos por protección.
Entre los elementos expuestos por el ministro figura un video en el que, según su versión, Marset habría hecho referencia al pago de 500.000 dólares por una presunta protección. Oviedo también afirmó que, de acuerdo con las pesquisas, el mayor Aparicio habría trasladado dinero tanto a Mariaca como al exministro Eduardo Del Castillo. Estos señalamientos forman parte de los elementos expuestos dentro de la investigación y deberán ser valorados durante el proceso judicial.
Las aprehensiones se ejecutaron durante esta semana. Aparicio fue detenido inicialmente; posteriormente, Mariaca y Zeballos fueron capturados en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y trasladados a La Paz, mientras que Irusta fue aprehendido en Sucre. Los tres fiscales permanecen bajo custodia policial en La Paz.
DILIGENCIAS EN CURSO
La investigación también derivó en otros operativos. Cuatro personas fueron trasladadas desde Santa Cruz a La Paz después de ser encontradas en una ambulancia que, según el reporte policial, habría salido de la vivienda de Mariaca. En el vehículo fueron encontrados fajos de billetes que sumaban Bs 3,5 millones y $us 10.000.
El grupo llegó a La Paz pasado el mediodía, bajo resguardo policial y a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), para ser puesto a disposición de un juez. La investigación deberá establecer el origen y destino del dinero, además de la relación de los ocupantes de la ambulancia con el resto de los hechos investigados.
En otro operativo relacionado con el caso, el comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Martín Arequipa, descartó la aprehensión o arresto del edecán de Mariaca, después de que circularan versiones sobre su supuesta captura y la presunta posesión de Bs 1 millón. El comandante departamental señaló que existe un monto de dinero requisado, pero aclaró que no corresponde al edecán y que tampoco alcanza esa cifra.
La autoridad policial indicó que la suma todavía debe ser cuantificada por el personal correspondiente y remarcó que la investigación continúa para establecer la participación de otras personas. “No existe tal aprehensión, no existe tal arresto”, afirmó al referirse específicamente a la situación del edecán.
En Santa Cruz, por otra parte, cuatro conductores de vehículos oficiales de la Fiscalía Departamental fueron aprehendidos en inmediaciones de la vivienda de Mariaca. Según la información difundida, se trata de funcionarios del Ministerio Público que fueron imputados por el presunto delito de uso indebido de bienes del Estado y que deben afrontar una audiencia cautelar.
La defensa de Irusta, en tanto, presentó una acción de libertad que fue rechazada este viernes por la Sala Constitucional 3 de La Paz. Su abogado cuestionó aspectos relacionados con el procedimiento de aprehensión y anunció que esas observaciones serán planteadas durante la audiencia cautelar.
La definición sobre la detención preventiva de los cuatro imputados queda ahora en manos de la autoridad jurisdiccional, que deberá valorar los argumentos de la Fiscalía y las defensas antes de establecer las medidas que correspondan.