La aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, abrió una investigación de alto impacto que el Gobierno presenta como el inicio de la desarticulación de una estructura de narcotráfico y corrupción instalada en el Ministerio Público. Ambos fueron aprehendidos en el aeropuerto de Viru Viru y trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en El Alto, donde enfrentan una investigación por organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que la investigación alcanzó a cuatro autoridades jerárquicas y que, además de Mariaca y Zeballos, fueron aprehendidos el fiscal superior Martín Daniel Irusta Flores y el mayor de la Policía Rubén Aparicio Villarroel. Según la explicación oficial, la pesquisa contempla delitos vinculados con tráfico de sustancias controladas en grado de enriquecimiento criminal y organización criminal, además de posibles responsabilidades de autores, encubridores o cómplices.
La dimensión que el Ejecutivo atribuye al caso va más allá de las aprehensiones individuales. Oviedo sostuvo que la investigación permitió identificar una estructura que habría utilizado espacios dentro del Ministerio Público para proteger actividades relacionadas con el narcotráfico.
“Bolivia ha decidido luchar contra el narcoterrorismo dejando atrás 20 años en los cuales el delito del narcotráfico, del terrorismo y de otras formas de delito se habían apoderado de nuestra patria”, afirmó el ministro.
“Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la justicia y en la administración de una institución muy importante en el país como es el Ministerio Público, la cual encabezada por Roger Mariaca, se volvió en organización criminal destinada a proteger e incentivar el narcoterrorismo en el país”, sostuvo la autoridad.
La secuencia de la investigación presentada por la Policía ubica a Aparicio como uno de los primeros detenidos. El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que el mayor fue aprehendido en La Paz a partir de elementos obtenidos en investigaciones financieras y otras pesquisas relacionadas con legitimación de ganancias ilícitas y tráfico de sustancias controladas.
Según Álvarez, después de su aprehensión Aparicio proporcionó información que permitió establecer nuevas líneas investigativas y vincular la participación de altas autoridades del Ministerio Público. “Luego de su aprehensión proporcionó información que vincula la participación de altas autoridades del Ministerio Público”, afirmó.
La Policía sostuvo que, a partir de esas nuevas líneas de investigación, se desarrollaron actuaciones posteriores en Santa Cruz y Sucre. En esta última ciudad, Irusta fue encontrado dentro de dependencias de la Fiscalía General del Estado junto con otras personas. La Policía sostuvo que se pretendía extraer documentación posiblemente relacionada con los hechos investigados.
La Policía también identificó a dos técnicos civiles especializados en sistemas de videovigilancia que, según su versión, ingresaron al domicilio de Zeballos para retirar equipos de las cámaras. Los investigadores señalaron que se buscaba extraer dispositivos DVR y otros elementos que podían contener información relacionada con la pesquisa.
La investigación no se limitó a las cuatro autoridades jerárquicas. El Gobierno informó que, entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer, fueron aprehendidas 14 personas.
Según Oviedo, cuatro corresponden a autoridades de nivel jerárquico; otras cuatro fueron interceptadas cuando trasladaban dinero en una ambulancia que había salido de un inmueble vinculado con Mariaca; y un tercer grupo corresponde a funcionarios del Ministerio Público que, de acuerdo con la versión oficial, intentaban retirar documentación de la vivienda del entonces fiscal general.
La Policía realizó además actuaciones en distintos inmuebles relacionados con los investigados. En Sucre fue precintado un departamento ubicado en el edificio Rolex, señalado como un lugar donde vivía Mariaca, además de una camioneta utilizada por el fiscal general.
En Santa Cruz, efectivos policiales mantuvieron vigilancia en domicilios vinculados con los investigados y en instalaciones de la Fiscalía Departamental. La Policía también reforzó el perímetro de seguridad de la Felcn de El Alto, donde permanecían las autoridades trasladadas a La Paz.
El caso también derivó en actuaciones sobre funcionarios de la Fiscalía que fueron detenidos en Sucre después de transmitir en vivo la intervención policial en dependencias del Ministerio Público. Los trabajadores fueron trasladados a dependencias de la Felcc y posteriormente liberados.
DINERO EN UNA AMBULANCIA
Uno de los principales elementos de la investigación es el dinero hallado en una ambulancia que, según la Policía, había salido de un inmueble vinculado con Mariaca. Cuatro personas fueron aprehendidas y el conteo estableció Bs 3.532.100 y $us 10.000.
El dinero quedó bajo custodia policial mientras se determina su procedencia. El fiscal Cándido Blanco informó que los cuatro arrestados serían investigados por legitimación de ganancias ilícitas.
El abogado e investigador Oscar Emilio Villanueva López cuestionó que estos elementos sean suficientes por sí solos para sustentar una detención. “Son serios indicios, claramente hay indicios muy fuertes que demostrarían cierto grado de un accionar oscuro dentro de lo que ha ocurrido con el tema del fiscal. Pero de todas formas, insisto, tenemos mecanismos procesales, tenemos mecanismos de investigación que tienen que seguir un curso”, afirmó Villanueva en entrevista con EL DIARIO.
Al referirse al dinero y a la grabación atribuida a Sebastián Marset, señaló: “Imagínense en condiciones normales que con un video o con encontrar dinero sea suficiente para que se ordene una detención”.
Villanueva también observó las circunstancias del hallazgo y advirtió que la ausencia de un fiscal o un notario puede generar cuestionamientos al procedimiento. “Efectivamente, ese tipo de detalles, lastimosamente, pueden generar observaciones dentro de la estructura procesal. Entonces, eso tiene que buscarse una forma de ser subsanado, de ser demostrado y corroborado de la forma adecuada”, sostuvo.
El abogado señaló que los elementos deben ser corroborados y presentados formalmente dentro del proceso. “Se tendrá que hacer la corroboración, la demostración y toda la presentación de las pruebas pertinentes. Además de una imputación formal y todo el procedimiento que se tendría que seguir”, manifestó.
La procedencia del dinero y las circunstancias de su traslado forman parte de los elementos que deberán ser establecidos durante la investigación.
GRABACIÓN DE MARSET
A los elementos mencionados por las autoridades se sumó la difusión de una grabación atribuida a Sebastián Marset, en la que el narcotraficante uruguayo se refiere directamente a Mariaca. El video muestra a Marset sentado en un sofá mientras conversa con un hombre que le pregunta por una llamada telefónica.
“Está llamando, Mariaca. A todo mundo está llamando. ¿Por qué está llamando?”, pregunta el interlocutor. Marset responde: “Porque Mariaca es mi amigo”.
Ante la pregunta sobre si hablaba con el fiscal, Marset contesta: “Sí, hablo con él”. Luego, cuando le consultan sobre el motivo de esas comunicaciones, responde: “No negocio nada, supuestamente él controla la Fiscalía. Avisa”.
El interlocutor pregunta qué le avisaba y Marset responde: “Lo que tiene que avisar”. Finalmente, ante la consulta sobre si había recibido alguna advertencia ese día, contesta: “Hoy no me avisó nada”.
La grabación pasó a formar parte de los elementos que rodean la investigación. Villanueva sostuvo que el contenido debe ser sometido a los mecanismos de investigación y corroboración correspondientes y que no puede ser considerado de manera aislada como sustento suficiente para una detención.
CAMBIO EN LA FISCALÍA
Mientras las investigaciones avanzaban, la aprehensión de Mariaca generó un vacío en la conducción del Ministerio Público y abrió un escenario institucional sobre quién debía asumir temporalmente la máxima autoridad de la Fiscalía.
Luis Whaner Montaño Morales, hasta entonces Fiscal Superior de Crimen Organizado, anunció que asumiría la conducción interina de la institución por criterio de prelación. Argumentó que es el fiscal superior con mayor antigüedad y que la normativa establece mecanismos de suplencia para evitar un vacío institucional.
Montaño anunció que permanecerá en el cargo hasta que la Asamblea Legislativa Plurinacional defina a la nueva autoridad titular mediante el procedimiento correspondiente.
La Fiscalía General también difundió un comunicado en el que sostuvo que, ante la ausencia de Mariaca, correspondía aplicar el criterio de antigüedad para garantizar la continuidad del Ministerio Público, así como su autonomía, independencia y objetividad.
Una de las primeras decisiones anunciadas por Montaño fue la designación de Mabel Andrade Molina como fiscal departamental interina de Santa Cruz, en reemplazo de Zeballos.
Andrade afirmó que asumía la responsabilidad con el compromiso de garantizar la continuidad de las funciones de la institución. Señaló además que cuenta con más de 30 años de trayectoria dentro del Ministerio Público.
La interpretación sobre la sucesión fue cuestionada por Villanueva, quien sostuvo que debía aplicarse otro orden. “Según la normativa, quien tendría que asumir la Fiscalía General en suplencia es el fiscal departamental de Chuquisaca, y en caso de ausencia de este tendría que asumir el fiscal más antiguo”, explicó.
El conflicto sobre la conducción del Ministerio Público se profundizó cuando el vocero presidencial José Luis Gálvez acusó a Montaño de ejercer el cargo de manera “ilegal e ilegítima” y afirmó que era buscado por la Policía. “Esta persona está siendo buscada y será detenida porque también tendrá que rendir cuentas ante la Justicia”, manifestó.
Gálvez también denunció que Montaño estaría intentando destituir a fiscales que trabajan en las denuncias contra las personas detenidas y afirmó que el sistema informático del Ministerio Público fue cerrado para impedir la presentación de denuncias contra fiscales y otras autoridades.
CASO EN JUSTICIA
El proceso contra Mariaca y Zeballos pasó al ámbito judicial. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que los fiscales encargados trabajan en la imputación. “Hay fiscales que están haciendo una acción como corresponde para hacer la imputación respectiva y eso ya está en un carril judicial”, afirmó.
La defensa de Mariaca presentó una acción de libertad y denunció la vulneración de tres derechos: la libertad, el debido proceso y el derecho a ejercer el cargo para el que fue elegido. El abogado Jerjes Justiniano señaló que el recurso también fue presentado en representación de familiares de Mariaca y de los fiscales Zeballos e Irusta.
“Si no quieren que (Mariaca) siga ejerciendo su cargo, hay los procedimientos legales. Está la Ley 044, que establece un procedimiento para suspenderlo primero, destituirlo y después procesarlo penalmente”, dijo Justiniano.
La situación también tiene una dimensión internacional debido a las medidas adoptadas días antes por Estados Unidos contra Mariaca y Zeballos, relacionadas con presuntos vínculos con corrupción y narcotráfico. Mariaca rechazó esas acusaciones y sostuvo que la decisión constituía una forma de presión política e injerencia.
Justiniano informó que Estados Unidos no había presentado una solicitud formal de extradición contra Mariaca, aunque no descartó que pudiera hacerlo posteriormente. “No tenemos todavía una solicitud de extradición, pero no descartamos que pronto pueda venir”, manifestó.
El Ministro de Defensa explicó que cualquier comunicación oficial de Estados Unidos deberá llegar a través de la Cancillería y ser evaluada por las instancias correspondientes. “La declaración de los Estados Unidos ha sido muy grave, ha hablado de corrupción y ha hablado de narcotráfico y seguramente debe tener pruebas, las cuales hemos solicitado”, sostuvo.
La investigación deberá avanzar sobre el dinero encontrado en la ambulancia, la grabación atribuida a Marset, la documentación y los dispositivos que presuntamente se intentó retirar, las declaraciones de los aprehendidos y los elementos financieros que, según la Policía, dieron origen a las primeras líneas de investigación.
