El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que las acusaciones realizadas por Estados Unidos contra el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, podrían derivar en una investigación judicial en ese país e incluso en una eventual solicitud de extradición. Sin embargo, aclaró que cualquier decisión de esa naturaleza corresponde exclusivamente a las autoridades estadounidenses.
“Esto podría derivar en una investigación, un avance judicial en caso de Estados Unidos, en una solicitud probablemente de extradición”, afirmó Justiniano, al referirse a las medidas adoptadas por Washington contra Mariaca.
El ministro explicó que el Gobierno boliviano solicitará información oficial mediante la Cancillería para conocer los antecedentes y elementos que sustentan las acusaciones difundidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Una vez recibida esa documentación, corresponderá a las instituciones nacionales determinar las acciones que puedan asumir dentro del marco legal boliviano.
“Lo que estamos haciendo en este momento es hacer las consultas vía Cancillería”, indicó Justiniano, quien remarcó que el Ejecutivo no cuenta todavía con información adicional a la que fue difundida públicamente por Estados Unidos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Mariaca de presuntamente utilizar su cargo para solicitar y aceptar sobornos destinados a facilitar el narcotráfico y favorecer a personas vinculadas con delitos violentos. Estos señalamientos corresponden a la posición del Gobierno estadounidense y no representan, por sí mismos, una condena judicial.
Mariaca rechazó las acusaciones y defendió la independencia de las instituciones bolivianas. Sostuvo que las decisiones soberanas de otros Estados deben ser respetadas, pero también pidió respeto a la soberanía y la institucionalidad de Bolivia, además de asegurar que las medidas anunciadas por Washington no modificarán el trabajo del Ministerio Público.
En ese contexto, Justiniano pidió evitar conclusiones anticipadas sobre las demás personas alcanzadas por las medidas de Estados Unidos, debido a que el Gobierno aún busca obtener información oficial sobre cada caso.
“De las otras personas no tenemos mayor información, lo que ha salido ahí, hacer un inferido respecto a algo, creo que sería incorrecto, prefiero ser objetivo y haremos las consultas necesarias”, manifestó.
Respecto a Mariaca, el ministro sostuvo que la posición del Gobierno será investigar cualquier elemento que pueda ser relevante, pero sin asumir de antemano la responsabilidad del fiscal general. Afirmó que no se otorgará protección política a ninguna persona, aunque tampoco se emitirá una condena antes de que existan elementos que permitan establecer responsabilidades.
Justiniano también señaló que la defensa de la soberanía nacional no implica descartar información proveniente de otros gobiernos, particularmente cuando se trata de asuntos relacionados con narcotráfico y corrupción. En ese sentido, planteó que los datos proporcionados por Estados Unidos deben ser recibidos, verificados y, posteriormente, analizados por las instituciones bolivianas conforme a la legislación nacional.
El ministro vinculó este escenario con la cooperación internacional en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado. Destacó que Bolivia busca fortalecer el trabajo conjunto con otros países y recuperar espacios de coordinación internacional en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción.
La situación también puso nuevamente en discusión el funcionamiento de la cadena institucional encargada de investigar y sancionar delitos. Justiniano sostuvo que la lucha contra el crimen organizado no depende únicamente de la captura de personas investigadas, sino también de que las distintas instancias del Estado —Policía, Ejecutivo, Ministerio Público y Órgano Judicial— actúen de manera articulada.
En esa línea, advirtió que los resultados de las investigaciones pueden verse afectados cuando personas detenidas por delitos graves recuperan rápidamente su libertad o reciben medidas que posteriormente les permiten evadir la acción de la justicia. A su criterio, este aspecto requiere una revisión estructural para fortalecer la respuesta estatal frente al narcotráfico y reducir los niveles de inseguridad.
Mariaca, fue elegido por la Asamblea Legislativa Plurinacional el 21 de octubre de 2024 para ejercer como fiscal general durante un periodo de seis años. La decisión de Estados Unidos generó además pedidos de legisladores bolivianos para que los señalamientos sean esclarecidos, mientras otras autoridades plantearon que el fiscal se aparte temporalmente del cargo durante el proceso de verificación.