El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, instruyó un levantamiento técnico y administrativo para verificar si los tres jueces bolivianos alcanzados por las restricciones de visado de Estados Unidos incurrieron en irregularidades dentro del Órgano Judicial.
La revisión fue encomendada a los representantes distritales de la Magistratura y estará orientada a establecer si los servidores judiciales señalados incumplieron procedimientos administrativos durante el ejercicio de sus funciones.
Spencer explicó que, si la verificación identifica alguna irregularidad, se iniciarán los procesos que correspondan contra las autoridades que hubieran vulnerado procedimientos dentro del Órgano Judicial.
Los jueces mencionados en la medida estadounidense son Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza. Los tres ejercen funciones en Santa Cruz y La Guardia.
De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Chane Caballero Saavedra, jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres de Santa Cruz, habría autorizado que el exjuez Hebert Zeballos, involucrado en el caso denominado “Maletas”, accediera a la detención domiciliaria dentro de un proceso por legitimación de ganancias ilícitas.
En el mismo caso, Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal de Santa Cruz, habría firmado el mandamiento de libertad de Zeballos, según los antecedentes expuestos por el Gobierno estadounidense.
El tercer juez mencionado es Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Entre los antecedentes difundidos por Estados Unidos figura su participación en el control de la detención preventiva de Misael Nallar, procesado por el triple asesinato de policías ocurrido en Porongo.
Además de revisar posibles irregularidades administrativas, la Magistratura verificará las condiciones en las que los tres jueces pudieron haber realizado eventuales viajes a Estados Unidos. La revisión contemplará documentación relacionada con vacaciones, licencias, permisos u otras autorizaciones que pudieran respaldar ausencias de sus funciones.
Spencer señaló que el levantamiento deberá realizarse sobre documentación oficial y bajo criterios objetivos. La revisión administrativa no anticipará responsabilidades, debido a que cualquier eventual falta deberá ser establecida mediante los procedimientos correspondientes dentro de Bolivia. (Con información de Unitel)