El concejal Fernando Ruiz Saldías pidió que la Administración Tributaria Municipal (ATM) haga efectivo el cobro del Impuesto Municipal a la Propiedad de Bienes Inmuebles y del Impuesto Municipal a la Propiedad de Vehículos Automotores Terrestres a las empresas públicas que tienen inmuebles o vehículos en La Paz. Esa obligación, sostuvo, está reconocida desde la Ley Municipal Autonómica N.º 012/2011 y fue ratificada por la Ley Municipal Autonómica N.º 528/2024.
“Si la ley ya establece que las empresas públicas deben tributar por sus bienes y sus vehículos, es momento de hacer cumplir esa disposición. No estamos creando un impuesto: estamos pidiendo que se aplique el que ya existe”, apuntó el concejal.
En ejercicio de su función fiscalizadora, Ruiz anunció que solicitará a la ATM la información técnica sobre los sujetos pasivos, la cantidad y características de los inmuebles y vehículos alcanzados, las obligaciones pendientes, las eventuales deudas y la proyección de recaudación si se aplica de manera efectiva la norma vigente. “Esas cifras no las inventa el Concejo. Las tiene que establecer la administración tributaria, con datos y con padrón”, precisó.
En paralelo, planteó que el Concejo impulse un proyecto normativo municipal para precisar y actualizar la regulación vigente: cerrar vacíos, reducir dificultades interpretativas y fortalecer el registro, la liquidación y el cobro, de modo que la recaudación de los tributos ya establecidos sea más efectiva y ofrezca seguridad jurídica a la administración y a los contribuyentes.
El encarecimiento del diésel, tras la eliminación de la subvención, incrementa el costo de operación del transporte municipal y de la maquinaria de emergencias y mantenimiento. A ese escenario se suman los efectos de más de 50 días de bloqueos. Durante ese periodo, la Alcaldía evaluó en alrededor de Bs 520 millones las pérdidas o afectaciones económicas derivadas de ese contexto; se trata de una evaluación municipal, no de una cifra auditada ni consolidada.
El fin de semana, el alcalde de La Paz, César Dockweiler, señaló un requerimiento adicional estimado de Bs 63 millones para sostener servicios ante el alza del combustible. Ambas referencias, señaló el concejal, deben contrastarse con la información oficial de las unidades competentes.
Ruiz vinculó la sostenibilidad del transporte municipal —incluido el Pumakatari— a una mirada más amplia que el solo costo del diésel: operación, mantenimiento, renovación de flota, vida útil, eficiencia del servicio y estructura de costos. “El Pumakatari es un servicio de la ciudad. Hay que defender su sostenibilidad. Eso no significa que todo desequilibrio se resuelva cobrándole al Estado lo que hoy la ley nacional no permite”, indicó.
QUÉ DICE LA NORMA VIGENTE
La Ley Municipal 012, en su texto actualizado por la Ley 528, excluye del Impbi y del Impvat los bienes inmuebles y los vehículos de propiedad del Estado sujetos a registro. Esa exclusión no alcanza a los inmuebles ni a los vehículos de las empresas públicas. En el Impuesto Municipal a las Transferencias Onerosas, las transferencias de empresas públicas tampoco están exentas.
En el plano nacional, el artículo 16, parágrafo I, de la Ley N.º 154 obliga a los gobiernos autónomos a no gravar los inmuebles y los bienes muebles sujetos a registro del Estado, de las misiones diplomáticas y de los organismos internacionales. Esa misma norma exceptúa de ese tratamiento a los bienes de las empresas públicas.
DOS DEBATES DISTINTOS
El primero es municipal y de cumplimiento: aplicar la ley a las empresas públicas y, si corresponde, actualizar y precisar la normativa local.
El segundo es de alcance nacional: el aporte de ministerios, órganos y otras reparticiones del Estado que operan en la sede de gobierno. Ese paso no puede resolverse solo en el Concejo. “El Concejo Municipal no puede, por ley municipal, dejar sin efecto un límite que está en una ley nacional. Pretender lo contrario sería un atajo jurídico y un error político”, afirmó.
Por eso propuso que La Paz promueva el debate nacional mediante un pronunciamiento del Concejo, gestión ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y coordinación con asociaciones de municipios, alcaldes y concejales de otras regiones. Si se modificara el régimen nacional de exclusiones, el efecto no sería solo paceño: podría alcanzar a todos los gobiernos municipales donde existan esos bienes.
Cualquier reforma de esa naturaleza, agregó, debería respetar el artículo 323 de la Constitución y considerar que el eventual pago por entidades del Estado-administración implica, en la práctica, un traslado de recursos entre tesoros públicos. Recién con un cambio en la legislación nacional correspondería adecuar la norma municipal.
TRES EJES
El concejal paceño resumió su posición en tres líneas: cumplir las obligaciones que ya corresponden a las empresas públicas; actualizar la normativa municipal para que esa recaudación sea efectiva; y promover, ante las instancias competentes, el debate sobre el régimen de exclusiones que hoy impide gravar a otras entidades del Estado.
“No se trata de una demanda aislada de La Paz contra el Estado. Se trata de discutir si el régimen actual es adecuado para la sostenibilidad financiera de los gobiernos autónomos municipales y para la corresponsabilidad de quienes usan la ciudad”, finalizó.