La incineración de madera boliviana retenida en puertos de Chile comenzó pese a los cuestionamientos de peritos independientes y autoridades bolivianas a los análisis que determinaron la presunta presencia de droga, mientras las empresas exportadoras solicitaron suspender la destrucción de los cargamentos hasta esclarecer los resultados.
Según información difundida por el medio chileno El Mostrador, el primer contenedor fue incinerado el 3 de septiembre como parte de una prueba y el proceso continuó el 11 de septiembre con otros cinco cargamentos. De los embarques retenidos, 48 contenedores permanecen bajo custodia en los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso.
La defensa de las empresas madereras bolivianas pidió a la Fiscalía Regional suspender la destrucción mientras se revisaban los resultados de las pruebas y se esclarecían las circunstancias de la incautación. El pedido sostiene que los análisis habrían detectado únicamente trazas de sustancias y cuestiona que estas permitan demostrar que la droga estaba impregnada en la madera.
El caso se originó en junio, cuando autoridades chilenas retuvieron 1.080 toneladas de madera procedente de Bolivia en puertos de ese país. Según la versión de las autoridades chilenas, los cargamentos presentaban indicios de cocaína y ketamina y contendrían inicialmente alrededor de 108 toneladas de sustancias ilícitas.
Sin embargo, esa interpretación fue cuestionada por el químico forense Scott Richard Oulton y el exagente especial de la DEA James Craig Kuykendall, con 31 años de servicio. Tras revisar los antecedentes, ambos señalaron que los informes no aportarían fundamento suficiente para afirmar que la madera estaba impregnada con cocaína.
Los especialistas sostuvieron que los resultados serían compatibles con trazas superficiales, pero no demostrarían que las sustancias hubieran penetrado en el interior de la madera. También observaron que los informes del Instituto de Salud Pública de Chile revisados por ellos no consignarían una cantidad cuantificada de las sustancias detectadas.
A estos cuestionamientos se sumaron las características de la madera analizada. Los peritos señalaron, a partir de estudios sobre su permeabilidad, que la infiltración de sustancias hacia el interior del material sería difícil, por lo que una detección en la superficie no permitiría establecer por sí sola que fue utilizada para transportar droga.
En Bolivia, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó en julio que las pericias realizadas a las maderas dieron negativo para la presencia de drogas. Posteriormente, el entonces ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo que las autoridades chilenas no habían demostrado científicamente la presencia de sustancias controladas en los cargamentos.
Mientras tanto, el fiscal regional Mario Carrera Guerrero explicó que la legislación chilena establece un plazo para destruir sustancias decomisadas y que, debido a las dificultades para completar el procedimiento, se solicitó una ampliación de 120 días. La incineración continúa mientras los contenedores restantes permanecen bajo custodia.
El caso también motivó pedidos para esclarecer posibles errores en los análisis o en la incautación. El expresidente Jorge Quiroga solicitó al Gobierno chileno investigar lo ocurrido y planteó que, si se confirman irregularidades, Bolivia debería recibir un resarcimiento por los perjuicios ocasionados al país y al sector maderero. Mientras avanza la destrucción, la controversia se mantiene sobre si los resultados obtenidos en Chile permiten demostrar que la madera estaba efectivamente impregnada con sustancias controladas. (Con información de Brújula Digital)