Recordemos que entre mayo y junio de este año, sectores sociales aplicaron medidas de presión, como marchas de protesta, cercos y bloqueos de caminos, durante 53 días, afectando particularmente a las ciudades de La Paz y El Alto. Las demandas de los descontentos se concentraron en pedir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, sin considerar que tales protestas causaban millonarias pérdidas económicas a sectores productivos, así como falta de combustibles, alimentos y medicamentos. A ello se añade que fallecieron más de veinte personas por los rígidos bloqueos de carreteras, pues no se dejó pasar ni ambulancias con pacientes graves.
Asimismo, los organizadores de los 53 días de conflictos sociales pusieron al gobierno al filo de la navaja de una desestabilización, pese a que Rodrigo Paz contó con apoyo internacional y que solo estaba algunos meses en el poder. Mientras en la oposición se observaba el apego a las medidas de presión, sin reparar que resultaba afectada la mayoría de la población trabajadora, en el oficialismo se notaba frágil liderazgo, falta de objetivos, carencia de ideología. En síntesis, no tenía las condiciones necesarias para adoptar medidas oportunas y acertadas.
Ante tan crítica situación, el gobierno de Paz se limitó a solicitar el diálogo para atender las demandas que planteaban la COB, sindicatos, campesinos, mineros cooperativistas y gremios diversos, que inclusive habían determinado cercar a la ciudad de La Paz, como lo hizo Túpac Katari, hace cientos de años.
El pedido oficial de diálogo fue escuchado cuando la convulsión social estaba dejando a la población paceña sin alimentos, sin agua y energía eléctrica, etc. Sin embargo, antes de que las gestiones de tregua del gobierno fueran escuchadas por dirigentes sindicales, que comprendieron que la población paceña estaba sufriendo las consecuencias de los salvajes bloqueos de vías, anunciaron que sus demandas se reducían a pedir la renuncia del primer mandatario, a quien daban el plazo de tres días para que cumpla con la exigencia subversiva.
Finalmente, la COB y sus acompañantes, dieron paso a reuniones con autoridades para firmar un acuerdo de tregua. Con tal acuerdo la crisis se desvaneció. Y a pesar de que grupos de campesinos no lo aceptaron, tuvieron que doblar la cabeza ante la gravedad de la situación. Pero es importante analizar el contenido del acuerdo que permitió acabar con 53 días de medidas de presión.
En primer lugar, la COB y los opositores, aceptaban suspender todas las medidas de fuerza contra el gobierno, lo que fue inmediato. Por su parte, el gobierno convino que debía cumplir con una serie de pedidos de los bloqueadores. En consecuencia, a las autoridades nacionales se les dio un plazo de tres meses para solucionar los graves problemas que afectan al país. Ahora bien, falta poco para la finalización de ese plazo y que el gobierno haga conocer soluciones, como acordó en el documento que suscribió con la COB. Entre tanto, dirigentes de la Central Obrera le han recordado que si no se cumple con lo rubricado, van a estudiar las medidas que aplicarán, sea suspendida o no la vigencia del Estado de excepción.