El Gobierno identificó a Santa Cruz, Senkata y el Trópico de Cochabamba como zonas con distintos niveles de riesgo de conflictividad, en el marco de los informes presentados para ampliar el estado de excepción por 90 días, y confirmó que ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes contra Evo Morales.
Los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, expusieron el miércoles ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) los argumentos para la ampliación de la medida, aprobada por el Legislativo durante esa jornada. Ambos presentaron 12 informes elaborados por la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instancias estatales, que advierten sobre la persistencia de factores de riesgo en los nueve departamentos.
Según la información expuesta por el Ministerio de Gobierno, ocho de los reportes corresponden al Comando General de la Policía Boliviana, dos al Ministerio de Gobierno y otros dos a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. Los documentos identifican focos de conflictividad diferenciados, además de posibles escenarios de reactivación de medidas de presión.
Durante su intervención, Justiniano explicó que el nivel de riesgo no es uniforme en todo el país y que puede modificarse si se concretan nuevas movilizaciones. En esa clasificación, situó a Santa Cruz en un nivel muy alto; La Paz, El Alto y Cochabamba, en alto; Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Tarija, en medio-alto; y Pando, en bajo. Oviedo también confirmó que Santa Cruz concentra el mayor nivel de riesgo ante posibles conflictos.
Los informes señalan como principales focos de movilización a Senkata, en El Alto; el Trópico de Cochabamba; y el Puente San Pablo, San Julián y Yapacaní, en Santa Cruz. Asimismo, registran cuatro intentos de afectación a infraestructura estratégica en Cochabamba, mientras que otras rutas e instalaciones de Potosí, Oruro, Tarija, Beni y Chuquisaca permanecen bajo seguimiento.
El Gobierno también alertó sobre posibles convocatorias a bloqueos, marchas y paros, así como sobre la articulación de nuevas medidas de presión. Entre los indicadores mencionados figuran ampliados, ultimátums, convocatorias y desplazamientos de contingentes, considerados señales tempranas de conflictividad.
Como parte de los antecedentes presentados para justificar la ampliación, el Ejecutivo informó que en las dos semanas previas al 10 de septiembre se registraron siete puntos de bloqueo, la toma de un retén de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Villa Tunari y una marcha multisectorial realizada el 4 de septiembre en Cochabamba.
OPERATIVO CONTRA MORALES
En el mismo escenario de debate legislativo, Oviedo confirmó que Evo Morales continúa entre los objetivos de las fuerzas de seguridad y que se ejecutarán las órdenes de aprehensión vigentes en su contra. La autoridad sostuvo que el operativo se realizará conforme a la ley, aunque no precisó cuándo ni bajo qué condiciones se concretará.
Ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el ministro afirmó que Morales será detenido. El exmandatario, quien también lidera las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, permanece en esa región, según la información expuesta en las notas.
Morales enfrenta un proceso por trata de personas relacionado con su presunta relación con una menor de edad, con quien se presume que tuvo una hija durante su mandato presidencial. Además, es investigado por los 53 días de bloqueo de caminos registrados en mayo y junio, medidas de presión que ocasionaron pérdidas económicas y fueron relacionadas con fallecimientos de pacientes que no recibieron atención médica oportuna debido a la interrupción de las rutas.
Por su parte, Justiniano señaló que la ejecución de la orden judicial contra Morales se encuentra bajo evaluación constante. El ministro explicó ante la Asamblea que el Gobierno no informará anticipadamente sobre el momento de la operación, debido a consideraciones de seguridad.
Oviedo sostuvo que la actual administración ya demostró su capacidad para ejecutar operativos de alto impacto sin anticipar públicamente sus detalles. Como antecedente, mencionó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, operación que, según afirmó, se realizó procurando preservar la vida de civiles y efectivos policiales.
El titular de Gobierno insistió en que la denominada operación Evo Morales se llevará adelante. Sin embargo, las autoridades no dieron a conocer un cronograma ni información específica sobre el despliegue que se utilizaría para ejecutar la orden de aprehensión.
La confirmación del operativo se produjo mientras el Ejecutivo defendía ante el Legislativo la ampliación del estado de excepción, medida que contempla un nuevo periodo de 90 días y que fue sustentada en informes sobre riesgos de conflictividad y seguridad en distintas regiones del país. (Con información de Unitel)