El Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana de Santa Cruz aprobó ayer siete medidas para reforzar la lucha contra el sicariato, el narcotráfico, la violencia armada y el crimen organizado, entre ellas la creación de un Comando Conjunto de Lucha contra el Crimen Organizado con base principal en San Ignacio de Velasco.
El nuevo comando operará inicialmente durante seis meses, con la posibilidad de ampliar sus funciones por otros 12 meses, y estará integrado por efectivos policiales y militares destinados a reforzar el control territorial en las zonas con mayor incidencia delictiva.
Las operaciones se concentrarán en la frontera con Brasil y en municipios como San Ignacio de Velasco, San Matías y Puerto Quijarro, además de otros sectores identificados mediante el mapa de calor criminal.
La medida fue asumida ante los recientes asesinatos, hechos de sicariato y episodios de violencia armada registrados en el departamento, principalmente en municipios fronterizos y en San Ignacio de Velasco.
El Consejo declaró como prioridad departamental inmediata la lucha contra el sicariato y el crimen organizado y determinó fortalecer las tareas de prevención, inteligencia, investigación criminal y control territorial mediante acciones coordinadas entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas.
La resolución también solicita a los ministerios de Gobierno y Defensa reforzar las unidades de inteligencia y contrainteligencia para identificar y desarticular estructuras criminales, además de ubicar a autores materiales e intelectuales, financiadores y redes vinculadas con actividades delictivas.
Otro de los acuerdos dispone agilizar la adquisición y dotación de bienes y equipos para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Boliviana, de acuerdo con la normativa vigente y la disponibilidad presupuestaria.
También se estableció garantizar combustible, alimentación, equipamiento y otros recursos logísticos para los efectivos que participen en los operativos conjuntos.
La resolución plantea además gestionar la asignación temporal de inmuebles y vehículos incautados al narcotráfico para su uso por parte de unidades policiales y militares involucradas en las operaciones contra el crimen organizado.
El Consejo acordó solicitar al Ministerio Público que gestione, dentro del marco legal vigente, la entrega de armas decomisadas o bajo custodia judicial a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas para fortalecer su capacidad operativa.
Entre las medidas aprobadas también figura la promoción de leyes municipales que establezcan el uso obligatorio de chalecos reflectivos con el número de placa visible para conductores y acompañantes de motocicletas, como mecanismo de identificación y prevención.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, instruyó remitir la resolución a los ministerios de Gobierno y Defensa, al Comando Departamental de la Policía, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio Público y a las instituciones involucradas para su coordinación y cumplimiento. (Santa Cruz, agencias)