El Gobierno tendrá que definir, antes de plantear una eventual ampliación del Estado de Excepción, si mantendrá esa medida para responder a posibles movilizaciones o priorizará el proceso de reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE), según afirmó el diputado de Alianza Unidad, Carlos Alarcón, en entrevista con EL DIARIO. El legislador considera que ambas agendas pueden entrar en conflicto cuando se active la etapa de campaña para el referendo constitucional.
Alarcón explicó que la reforma constitucional debe ser una prioridad y planteó que la Asamblea Legislativa debería aprobar la ley que permita llevar los cambios a consulta de la población entre fines de octubre y los primeros días de noviembre. Para el legislador, ese proceso tiene una importancia que trasciende la coyuntura de las movilizaciones, debido a la necesidad de modificar aspectos de la CPE que, en su criterio, dificultan la recuperación económica y la reactivación de sectores estratégicos.
El diputado sostuvo que Bolivia está rezagada en la eliminación de los “candados” del modelo económico y judicial incorporados en la Constitución durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). A ello sumó la advertencia de que el país está en puertas de enfrentar un colapso energético y una crisis económica, mientras las condiciones actuales estarían ahuyentando inversiones necesarias para reactivar sectores estratégicos.
En ese contexto, Alarcón planteó que el Gobierno deberá evaluar si una eventual ampliación del Estado de Excepción es compatible con el calendario previsto para la reforma constitucional. Su argumento parte de que, una vez que la Asamblea apruebe la ley de reforma para someterla posteriormente a referendo, comenzará una etapa de campaña en la que los sectores que apoyen y rechacen los cambios deberán exponer sus posiciones ante la ciudadanía.
Según el legislador, esa fase requiere condiciones diferentes a las que existirían bajo un Estado de Excepción, debido a las restricciones que la medida implica sobre derechos, libertades y garantías ciudadanas. Por ello, considera que el Ejecutivo tendrá que establecer cuál es su prioridad si coinciden una eventual solicitud de extensión de la excepción y el avance del proceso de reforma.
La posibilidad de ampliar la medida estaría relacionada con las movilizaciones que distintos sectores podrían impulsar después del 18 de septiembre. Sin embargo, Alarcón sostuvo que primero deberían conocerse los argumentos concretos del Gobierno para justificar una eventual solicitud y que la Asamblea tendrá que evaluar esas razones antes de autorizarla.
El legislador diferenció esa posibilidad de la situación actual. Mientras el Ejecutivo no presente formalmente un pedido de ampliación del Estado de Excepción debe mantener el plazo establecido en el decreto y el Legislativo no debería intervenir de oficio para modificarlo.
En ese punto, cuestionó que la Comisión Plural de Justicia de la Cámara de Diputados haya avanzado con una propuesta de ampliación sin que exista una solicitud formal del Gobierno. A su juicio, corresponde al Ejecutivo evaluar las circunstancias que justificarían extender la medida y asumir la responsabilidad de plantearla ante la Asamblea.
“Será el presidente y el Gobierno los que den la cara y asuman la responsabilidad por esto”, afirmó.
Alarcón sostuvo que, si el Ejecutivo presenta el pedido, este debería llegar a la Asamblea Legislativa para que el Pleno determine si corresponde autorizarlo. En cambio, considera que una comisión no puede asumir de oficio esa decisión, debido a que el Estado de Excepción tiene un plazo determinado de vigencia.
Si el informe de la Comisión Plural de Justicia llega al Pleno de Diputados sin una solicitud previa del Ejecutivo, el legislador planteó que debería ser rechazado. Y si el asunto supera esa instancia y llega al Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, consideró que tendría que ser devuelto a la Cámara de Diputados para solicitar su archivo hasta que exista un pedido formal del Gobierno.
Otro elemento que, según Alarcón, debe ser considerado antes de prolongar la medida es que el Estado cuenta con mecanismos para responder ante bloqueos y situaciones de violencia sin recurrir necesariamente a un Estado de Excepción. Recordó que, tras la abrogación de la ley COPA, impulsada mediante un proyecto que presentó, se puede utilizar la fuerza policial y disponer el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía en determinadas situaciones.
Para el diputado, esta alternativa permite al Gobierno responder ante hechos de violencia extrema en caminos y calles cuando se vulneren derechos de terceros, sin que la continuidad del estado de excepción sea la única opción.
“Se puede disponer el uso de la fuerza legal y legítima del Estado sin necesidad de Estado de Excepción”, sostuvo.
Con ese argumento, Alarcón considera que la eventual ampliación debe analizarse junto con las otras herramientas disponibles y el calendario de la reforma constitucional. Si existen mecanismos para enfrentar los bloqueos sin prolongar la medida excepcional, el Ejecutivo tendría que valorar esa posibilidad frente al proceso que busca llevar los cambios de la CPE a un referendo.
ANTIBLOQUEO PENDIENTE
En paralelo, Alarcón cuestionó que continúe sin avance el proyecto de Ley Antibloqueos que presentó el 17 de diciembre del año pasado. Según explicó, la propuesta permanece estancada en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, cuya presidencia corresponde al oficialismo.
El legislador sostuvo que la norma debería haber sido aprobada antes de que concluya la vigencia del actual Estado de Excepción, porque permitiría establecer un marco nacional para enfrentar los bloqueos y definir responsabilidades derivadas de esas acciones.
Alarcón destacó que la Asamblea Departamental de Santa Cruz ya aprobó una ley antibloqueos, pero explicó que una norma de ese nivel tiene limitaciones frente a una legislación nacional. Entre ellas, señaló que no puede tipificar delitos ni establecer penas de cárcel.
También sostuvo que una norma departamental no puede establecer mecanismos de resarcimiento integral de daños bajo la figura de la responsabilidad solidaria ni fijar garantías operativas para los policías y militares que intervengan en desbloqueos.
El diputado puso especial énfasis en la situación de los efectivos encargados de ejecutar esas operaciones, al considerar que necesitan un marco legal que los proteja cuando actúen en cumplimiento de sus funciones.
“Los policías y los militares no sean utilizados como carne de cañón y después juzgados como cabeza de turco”, afirmó.
Según Alarcón, esos elementos solo pueden ser establecidos mediante una ley de alcance nacional aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por ello, considera que el retraso del proyecto mantiene pendiente una respuesta legislativa de fondo frente a los bloqueos.
La discusión, de acuerdo con el planteamiento del diputado, termina así en una definición de prioridades para el Gobierno: responder a eventuales movilizaciones mediante una ampliación del Estado de Excepción o avanzar con la reforma constitucional bajo condiciones que permitan posteriormente desarrollar la campaña para el referendo.