La exsenadora Centa Rek pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) priorizar la aprobación de una Ley Antibloqueos y planteó que esta normativa establezca límites entre la protesta legítima y las acciones que vulneren derechos fundamentales, en un escenario que, según sostuvo, está marcado por los efectos políticos, económicos y sociales de los bloqueos.
A través de una publicación en sus redes sociales, Rek afirmó que Bolivia atraviesa una situación de “extremo riesgo” y una crisis de institucionalidad, debido a que determinados sectores políticos y sindicales, según su planteamiento, buscan conservar su capacidad de presión mediante el bloqueo, la paralización y la confrontación.
La exsenadora sostuvo que el tratamiento de una Ley Antibloqueos debe ser considerado antes de otras reformas o gestiones de largo plazo, bajo el argumento de que el país necesita garantizar condiciones mínimas para que la población pueda vivir, trabajar, producir, circular y ejercer sus derechos democráticos.
Como sustento de su propuesta, Rek citó los resultados de un reciente sondeo del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). De acuerdo con los datos expuestos en su publicación, el 96% de los consultados rechaza los bloqueos como mecanismo de presión, mientras que el 95% considera que debe primar el diálogo y respalda la aprobación urgente de una Ley Antibloqueos.
Asimismo, el 98% considera que estas medidas perjudican el desarrollo del país y el mismo porcentaje señala que deterioran su imagen internacional. El 97% considera que vulneran el derecho a la libre circulación y al trabajo, mientras que el 96% afirma haber sido afectado directa o indirectamente por alguno de estos conflictos.
IMPACTO DE BLOQUEOS
En su publicación, Rek vinculó el problema con las consecuencias económicas que atribuye a los bloqueos registrados durante 53 días entre mayo y junio. Según la información que presentó, esas medidas habrían ocasionado pérdidas superiores a los 3.000 millones de dólares, con repercusiones en la inversión, producción, comercio, exportaciones, turismo, transporte, empleo e ingresos familiares.
La exsenadora sostuvo que estas consecuencias muestran que los conflictos no quedan limitados al ámbito político y terminan trasladándose a las actividades cotidianas y económicas de la población.
“Los bloqueos no afectan únicamente al gobierno de turno. Afectan al ciudadano que no puede llegar a su trabajo, al productor que no puede sacar su cosecha, al comerciante que pierde su mercadería, al transportista, al exportador, al pequeño empresario y a las familias que ven encarecerse los alimentos y reducirse sus ingresos”, señaló la exasambleísta.
A partir de esa situación, Rek planteó que una eventual Ley Antibloqueos debe proteger el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión, pero también garantizar la vida, la seguridad, el trabajo, la producción y la libre circulación. Su propuesta contempla además establecer responsabilidades efectivas por los daños ocasionados deliberadamente, incluyendo, cuando corresponda y con las garantías del debido proceso, a quienes organicen, instiguen o financien acciones ilícitas.
La exsenadora también cuestionó la posibilidad de que el bloqueo se convierta en un mecanismo permanente de presión política. En su análisis, una demanda sectorial puede derivar en bloqueo, paralización y posteriormente en una crisis económica, generando nuevas condiciones para que el descontento social vuelva a ser utilizado como instrumento de poder.
PRIORIDAD PARA ALP
Rek planteó que la aprobación de la Ley Antibloqueos constituya el primer paso de una agenda más amplia destinada a recuperar la institucionalidad, restablecer plenamente el Estado de derecho, generar condiciones para la recuperación económica y consolidar la democracia.
En ese marco, sostuvo que la normativa no debería utilizarse para perseguir la protesta ni para criminalizar la discrepancia política, sino para establecer reglas que permitan compatibilizar el ejercicio de ese derecho con la protección de otros derechos fundamentales.
La exsenadora insistió en que la capacidad de paralizar el país mediante medidas de presión no debería convertirse en una forma de ejercer poder al margen de las instituciones democráticas.
“La Ley Antibloqueos debe ser el primer paso de una agenda mayor: recuperar la institucionalidad, restablecer