El Concejo Municipal de La Paz y la Sala Constitucional Cuarta, mediante la emisión de un Auto Constitucional, dieron un plazo de 48 horas al alcalde César Dockweiler para que cumpla y ejecute la resolución constitucional que favorece a los más de 60 trabajadores de libre nombramiento para que sean reconocidos y así se garantice el respeto a sus derechos laborales. Advierten que, de no cumplir con esa disposición, se aplicará una multa de Bs 500 por día.
“Si bien se ha firmado un acuerdo, es una intención buena, que se ha firmado de buena fe, pero aún no tenemos esa garantía que se va a cumplir pese a que se ha dado 24 horas. (…) Además, ayer (jueves), la Sala Constitucional ha emitido un Auto Construccional, en el cual le dan 48 horas al Gobierno Municipal, específicamente al señor director de Recursos Humanos para que él pueda cumplir”, sostuvo el asesor Legal, Israel Alanoca.
El abogado explicó que se llegó a un acuerdo, por el que el Ejecutivo Municipal iba a registrar en el sistema correspondiente a más de 60 trabajadores del Concejo Municipal, de los que estaban “siendo vulnerados sus derechos en el tema del salario justo, la seguridad social, la Gestora Pública y el tema de la dignidad humana”.
De igual manera, el concejal Fernando Ruiz, en conferencia de prensa, señaló que el acta suscrita entre el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Concejo Municipal ya fue refrendada, por lo que ahora corresponde al Ejecutivo cumplir las medidas acordadas.
“Hemos hecho un preacuerdo justamente con el director jurídico. Hemos quedado en refrendarlo con la firma del director de Recursos Humanos, que es la autoridad competente para las altas del personal”, explicó el concejal.
Posteriormente, ese acuerdo fue formalizado en una reunión que tuvieron las partes, en el Ministerio de Trabajo, instancia que estableció también un plazo para que se concrete la regularización del personal.
“Se ha hecho la firma correspondiente por las autoridades competentes, en este caso el director de Recursos Humanos, en la cual menciona que ya se tienen que dar las altas correspondientes, las bajas, todo lo que se ha estado exigiendo durante estos días”, señaló Ruiz.
En tanto, Alanoca recalcó que una vez conocido el Auto Constitucional y realizada la notificación a las autoridades ediles, el lapso de las 48 horas corre y vence el lunes 14 de septiembre.
“No cumple, desde el día lunes empieza a correr 500 bolivianos de multa por día que no pueda cumplir y si él desacata una vez más a este Auto Constitucional, obviamente se van a remitir los antecedentes al Ministerio Público”, advirtió el jurista.
Además, acotó que lo interesante de esta disposición es que ahora no solamente involucra al director de Recursos Humanos del municipio paceño, sino también “ahora sí, la Sala Constitucional le va a poner al señor (César) Dockweiler entre la espada y la pared”.
Ruiz corroboró al señalar que, ese nuevo documento, “le exige al alcalde y también le dice: usted sabe de esto y le compete estos temas”.
Al respecto, la presidenta del Concejo, Waldy Caballero, lamentó que se haya tenido que llegar a ese tipo de acciones para que sean escuchados y se cumpla el registro de los trabajadores.
“Como secretaria de Concejo estoy muy feliz de que toda esta gente (…) hoy ya pueda percibir el fruto de su trabajo. (…) El alcalde ya sabe que, si no cumple, esto le va a pasar la factura mucho más fuerte”, manifestó.
ANTECEDENTES
El conflicto se originó por la falta de regularización administrativa de más de 60 trabajadores de libre nombramiento del Concejo Municipal, quienes, al no estar registrados, no cuentan con afiliación al seguro social y aportes a la Gestora Pública, entre otros beneficios.
En agosto, la Sala Constitucional Cuarta ordenó al Ejecutivo municipal regularizar la situación del personal en un plazo de 48 horas, en el marco de la Resolución Constitucional 278/2026.
El acuerdo entre el municipio y los concejales establece que, una vez otorgados los respectivos vistos buenos, la Dirección de Gestión de Recursos Humanos debe registrar al personal y gestionar su afiliación a la Caja Nacional de Salud (CNS) y a la Gestora Pública.
Asimismo, señala que los memorándums de designación o alta tendrán efectos para fines de registro administrativo desde el 1 de julio de 2026.