El Gobierno presentó ayer su política antidroga 2026-2030 para enfrentar el avance del narcotráfico y el crimen organizado transnacional, con una estrategia que busca golpear las finanzas y las estructuras logísticas de estas organizaciones. La propuesta plantea un cambio en la respuesta estatal frente a un escenario en el que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) reportó un aumento del 7% en los cultivos de coca durante 2025 y advirtió sobre la presencia de mafias vinculadas a redes internacionales en Bolivia.
El nuevo plan plantea que la lucha contra las drogas no debe concentrarse únicamente en retirar cultivos o interceptar cargamentos. El Gobierno pretende seguir el movimiento del dinero, identificar a quienes sostienen las operaciones criminales y fortalecer el control sobre las rutas, los precursores químicos y las zonas fronterizas.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que las organizaciones criminales han ampliado su radio de acción y adaptado sus métodos para mover recursos financieros y logísticos entre distintos países. En ese contexto, defendió la necesidad de complementar la erradicación y la interdicción con investigaciones capaces de afectar las estructuras que permiten a estas redes mantenerse y reorganizarse.
La política establece nueve áreas de intervención que incluyen inteligencia criminal y financiera, investigación, recuperación de activos, control de precursores, tecnología, justicia e integridad institucional. También incorpora acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por el consumo de drogas, además de programas de desarrollo sostenible en las regiones productoras.
CULTIVOS DE COCA
El anuncio oficial coincide con las cifras del informe de monitoreo de coca correspondiente a 2025 presentado por la Unodc. Bolivia cerró ese año con 36.400 hectáreas cultivadas, frente a las 34.000 registradas en 2024.
El incremento se concentró principalmente en el Trópico de Cochabamba, donde la superficie pasó de 14.275 hectáreas a cerca de 17.470, mientras que los Yungas de La Paz registraron una reducción del 4%.
El informe establece además que 14.400 hectáreas están por encima del límite nacional permitido, fijado en 22.000 hectáreas. La representante de la Unodc en Bolivia, Mónica Mendoza, señaló que los resultados del monitoreo deben servir al Estado para orientar las medidas frente al crecimiento de los cultivos.
La dimensión del problema también aparece en las estimaciones de producción. Naciones Unidas calculó que Bolivia generó en 2025 unas 79.810 toneladas métricas de hoja de coca seca al sol. En un escenario hipotético en el que toda esa producción fuera destinada a la elaboración de cocaína, el potencial alcanzaría las 427 toneladas métricas.
ALERTA POR MAFIAS
Mientras el Gobierno anuncia una estrategia de mayor alcance, la Unodc advierte que el problema ya no puede analizarse únicamente desde la producción de coca.
El director de la División de Operaciones del organismo, Bo Mathiasen, afirmó durante su visita al país que existen mafias y conexiones con organizaciones criminales transnacionales que operan en Bolivia. También identificó al país como una ruta utilizada para el tránsito de cocaína y señaló que existe producción de droga en territorio nacional.
El funcionario vinculó además a estas redes con actividades como la trata de personas, la minería ilegal de oro y el lavado de activos. Según su explicación, el crimen organizado también busca aprovechar espacios de corrupción dentro de las instituciones estatales, aumentando su capacidad de influencia y el riesgo de afectar la estabilidad de la sociedad.
Ese panorama se hizo visible en agosto con los hechos violentos registrados en zonas fronterizas con Brasil, donde una serie de muertes fue relacionada con disputas entre organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Ante esa situación, el Gobierno activó el Plan Frontera Segura y reforzó la presencia de uniformados en municipios considerados estratégicos.
MÁS CONTROL FRONTERIZO
La cooperación con otros países es otro de los componentes centrales de la nueva política. El Gobierno plantea mejorar el intercambio de información, desarrollar inteligencia criminal y financiera conjunta y fortalecer los controles en las fronteras.
La estrategia también prevé mayor coordinación para controlar el ingreso y circulación de precursores químicos y avanzar en la recuperación de bienes relacionados con actividades ilícitas. La intención es seguir las operaciones criminales más allá del territorio donde se detecta la droga.
Oviedo sostuvo que la naturaleza transnacional de estas organizaciones exige una respuesta coordinada entre Estados. Bajo esa premisa, la política 2026-2030 pretende combinar las tareas de erradicación e interdicción con acciones dirigidas contra el financiamiento, la logística y las estructuras de mando del narcotráfico.
El desafío para el Gobierno será llevar ese planteamiento a la práctica frente a un escenario que combina el aumento de los cultivos excedentarios con la expansión de redes criminales que, según Naciones Unidas, ya diversificaron sus actividades y conexiones dentro del país.