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Analista observa riesgos regulatorios tras intervención de ANH y YPFB

El analista económico, Oswaldo Irusta Díaz, señaló que la intervención de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) puede generar mayores riesgos regulatorios, aumentar la incertidumbre para los inversionistas privados y dificultar una solución estructural a la crisis de abastecimiento de combustibles.

Según Irusta, las medidas adoptadas generan un escenario institucional delicado porque, en su criterio, el Órgano Ejecutivo termina concentrando funciones vinculadas con la operación, regulación y fiscalización del mercado de combustibles.

“La doble intervención puede salir muy costosa para el país”, afirmó.

El analista sostuvo que uno de los principales problemas radica en la pérdida de independencia del organismo encargado de regular y fiscalizar el sector, debido a que considera necesario mantener una separación clara entre el operador estatal y la autoridad responsable de supervisar el mercado.

En su criterio, una mayor concentración de atribuciones en el Ejecutivo puede generar incertidumbre entre los agentes privados y afectar las decisiones de inversión.

“Sin reglas de juego transparentes, a los agentes privados se les hace más difícil invertir y la crisis del combustible no solo no se resuelve, sino que puede agravarse”, manifestó.

Irusta señaló además que YPFB cuenta con ventajas estructurales dentro del mercado, mientras que los operadores privados enfrentan mayores niveles de riesgo e incertidumbre.

A su juicio, esta situación configura una “asimetría regulatoria”, especialmente si la entidad encargada de fiscalizar el sector no cuenta con suficiente autonomía respecto del Ejecutivo.

El economista sostuvo que el debate trasciende al sector hidrocarburífero y alcanza al diseño institucional de otros mercados regulados del país.

Mencionó a los sectores financiero, de pensiones, electricidad, telecomunicaciones, seguros y transporte, donde existen autoridades de regulación o fiscalización vinculadas a diferentes áreas del Ejecutivo.

Según su análisis, esa estructura puede limitar la independencia técnica de los reguladores y aumentar la posibilidad de que las decisiones respondan a criterios políticos.

Irusta también expresó preocupación por el precedente institucional que, en su criterio, podría generar la intervención de una autoridad reguladora.

“La intervención de la ANH sienta el precedente de que en Bolivia el árbitro de un mercado puede ser intervenido, cerrado y cambiado discrecionalmente”, sostuvo.

A partir de este escenario, el analista planteó interrogantes sobre las condiciones que encuentran los inversionistas privados para participar en sectores regulados y sobre la previsibilidad de las reglas bajo las cuales deben desarrollar sus actividades.

Para Irusta, el problema de fondo de la crisis de combustibles no se limita al abastecimiento coyuntural, sino que también está relacionado con el funcionamiento del marco regulatorio y la capacidad de garantizar condiciones transparentes para todos los actores del mercado.

“La doble intervención de ANH y YPFB no busca resolver la crisis del combustible, sino administrar políticamente sus efectos”, afirmó.

El economista sostuvo que una respuesta estructural debería incluir reglas claras, mayor independencia de las entidades reguladoras y condiciones que permitan ampliar la participación del sector privado en la importación y provisión de combustibles.

“Sin árbitros neutrales, no hay reglas de juego transparentes ni condiciones para que los privados inviertan y ayuden a traer combustible”, concluyó.

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