Mientras continúan las filas en algunos surtidores, YPFB detectó irregularidades en su sistema de distribución de combustibles y desactivó 60 accesos que no tenían un funcionario asignado o ya no debían estar activos.
El control alcanza a las 180 estaciones de servicio de Santa Cruz. Además, el Comité Pro Santa Cruz anunció que acompañará la fiscalización para seguir el recorrido del combustible y detectar posibles irregularidades.
YPFB también encontró diferencias entre el combustible registrado en el sistema y el que estaba disponible para despacho.
Según la estatal, esto generaba cupos pendientes que tenían prioridad frente a estaciones donde había filas.
La petrolera inició una auditoría para determinar qué datos fueron modificados, cuándo ocurrieron los cambios y quiénes tuvieron acceso.
También anunció que transparentará información sobre los despachos y las placas de las cisternas.
El refuerzo del control se produce después de una denuncia en Cabezas, donde se reportó el supuesto ocultamiento de 3.000 litros de gasolina para una posible reventa.
La ANH inspeccionó el surtidor y anunció procedimientos para establecer si existieron irregularidades.