Más de 33.000 privados de libertad evidencian una crisis penitenciaria

En el marco del seminario internacional “Sistemas Penitenciarios y Prevención de la Tortura en América Latina”, desarrollado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, desde la Defensoría del Pueblo se alertó respecto a una grave crisis penitenciaria en el país, con más de 33.000 personas privadas de libertad, de las que el 53,9% permanece recluida bajo la figura de la detención preventiva, situación que provoca hacinamiento crítico, condiciones precarias de salud, seguridad y alimentación.
Durante el acto inaugural del evento, Pedro Callisaya Aro, titular de la Defensoría, advirtió que el hacinamiento en penales como San Pedro en La Paz y Palmasola en Santa Cruz ha deteriorado de forma severa la calidad de vida de los privados de libertad.
“Actualmente, más de 33.000 personas se encuentran privadas de libertad en 46 recintos, de las cuales el 53,9% permanece bajo detención preventiva. Asimismo, existe un hacinamiento crítico del 109%”, dijo.
Frente a esta realidad, Hernán Vales, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), destacó que la protección de los derechos de esta población involucra a los tres poderes del Estado y a la sociedad en su conjunto. El encuentro permitió el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los nueve países participantes en áreas clave como el monitoreo independiente, el uso de armas, la seguridad interna y la reinserción social.
Asimismo, se advirtió que los sistemas penitenciarios a nivel mundial y regional generan condiciones que incrementan de forma directa los riesgos para los derechos humanos. Actualmente, 11,6 millones de personas se encuentran privadas de libertad en el mundo. En las Américas, la tasa de encarcelamiento alcanza cerca de 350 personas por cada 100.000 habitantes, cifra que representa más del doble del promedio mundial, según datos del Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) de Naciones Unidas.
En Sudamérica, el 90% de los países presenta sistemas penitenciarios hacinados, situación que compromete el acceso a agua, alimentación, higiene y atención en salud física y mental. A esto se suman nuevos factores de riesgo vinculados a la presencia del crimen organizado, el aumento de la violencia intracarcelaria, las muertes en custodia y los suicidios, condiciones que dificultan de manera sustancial los procesos de rehabilitación e integración social.
Las condiciones particulares de mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o con problemas de salud incrementan su exposición a la tortura y a los malos tratos. En este escenario, se remarcó que, aunque los riesgos cambian, la necesidad de prevenir la tortura se mantiene. Por ello, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura desempeñan un rol estratégico para identificar alertas tempranas, exigir salvaguardias y promover cambios estructurales orientados a garantizar la dignidad humana.
El encuentro tuvo como propósito impulsar una agenda común para la prevención de la tortura, el fortalecimiento de los sistemas penitenciarios y la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de libertad.